El Gobierno de Canarias ha anunciado la eliminación de las listas de espera para la valoración de la discapacidad en todas las islas no capitalinas durante la actual legislatura. Según la información facilitada por la administración autonómica, en La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa todos los expedientes se están resolviendo en un plazo inferior a 180 días, dando así estricto cumplimiento a lo que marca la ley. El Ejecutivo atribuye este éxito a una estrategia de gestión integral fundamentada en la descentralización de los equipos, la firma de convenios con los cabildos insulares y la coordinación directa con la Consejería de Sanidad.

El pilar normativo de esta agilización, tal y como detalla el Ejecutivo, es la reciente aplicación del Decreto-ley 4/2025, de 29 de julio, diseñado específicamente para dotar de mayor eficiencia al proceso. La principal novedad que introduce este texto es la posibilidad de resolver determinadas patologías crónicas de alta frecuencia mediante la simple presentación de un informe médico. A esto se suman medidas organizativas sobre el terreno, como el despliegue de equipos descentralizados en zonas alejadas de los núcleos metropolitanos y la creación de unidades itinerantes en islas como El Hierro. El objetivo del Gobierno es consolidar unas islas más igualitarias donde, en palabras de la propia administración, “el territorio fragmentado no suponga una doble discriminación para la ciudadanía”. En este sentido, se ha destacado la implicación del personal de valoración, factor que ha actuado como detonante para incrementar el volumen diario de resoluciones.

El informe de gestión correspondiente al año 2025 evidencia estadísticamente el impacto combinado de estas medidas organizativas y presupuestarias. Los datos gubernamentales muestran que, entre 2020 y 2024, el sistema operó por debajo de su capacidad necesaria, periodo en el que entraron 82.146 expedientes y se resolvieron solo 52.876, generando un déficit de casi treinta mil solicitudes. Sin embargo, tras una recuperación iniciada en 2024, el pasado ejercicio de 2025 consolida un cambio de tendencia. El Gobierno subraya que se están resolviendo muchos más expedientes de los que ingresan en el sistema, con 17.265 resoluciones totales en lo que va de año, lo que permite cubrir casi el 185 % de la demanda entrante. Gracias a esto, fuentes oficiales afirman que “la bolsa histórica de espera comienza a reducirse”.

A pesar de estos avances en las islas menores, el sistema aún enfrenta un reto demográfico en las áreas metropolitanas, si bien el ritmo de resoluciones se ha triplicado. El Ejecutivo regional mantiene un objetivo ambicioso: lograr esta misma reducción a cero en las islas capitalinas para junio de 2027. Actualmente, el tiempo de espera en Tenerife y Gran Canaria se sitúa en 565 días, lo que supone una mejora notable frente a los 732 días registrados en 2023. El volumen de resoluciones ha crecido más de un 40 % respecto al año anterior, concentrándose la mayor alza en estas dos islas. No obstante, la Consejería y su Dirección General de Discapacidad centran ahora sus esfuerzos en atender a las 26.000 personas que aún aguardan una valoración en las capitales, una cifra que representa una disminución sustancial frente a los más de 40.000 expedientes atascados al inicio de la legislatura.

La modernización tecnológica ha jugado un papel determinante en el descongestionamiento del sistema. El Gobierno destaca que el acceso a la historia clínica electrónica permite evitar la solicitud de documentación adicional a la ciudadanía si esta ya figura en los registros sanitarios, lo que propicia que cada vez más casos se resuelvan sin necesidad de cita presencial, liberando a los equipos para las exploraciones directas. Esta agilidad se está viendo reforzada con la implantación progresiva de sistemas de robótica e inteligencia artificial en la automatización de los procesos.

Finalmente, el nuevo decreto atiende una demanda histórica de las entidades sociales al establecer una priorización más justa de los expedientes. El rango de máxima prioridad, antes limitado a los menores de 0 a 6 años, se ha ampliado hasta los 18 años, garantizando que niños y adolescentes no queden atrapados en la cola general durante etapas cruciales de su desarrollo. Asimismo, se han incorporado las situaciones sociales graves como criterio de preferencia, entendiendo que el impacto de la discapacidad es mucho más severo cuando se cruza con la pobreza, el desempleo o la fragilidad familiar. Con esta medida, concluye el Gobierno, “la lista de espera deja de ser una simple cola cronológica y pasa a ordenarse según la urgencia social”.