La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha defendido este martes (18) la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas en respuesta al informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que, según el Ejecutivo autonómico, “deja de lado” aspectos clave como el derecho a la vivienda, la protección del entorno urbano y la calidad de vida de los residentes, al centrarse exclusivamente en criterios de mercado.
El Gobierno de Canarias ha recordado que el informe fue solicitado de manera voluntaria y no es vinculante, y que las propuestas que plantea —a su criterio— no tienen en cuenta la realidad compleja de las islas ni la situación de emergencia habitacional en el archipiélago. “La CNMC pasa por alto que el modelo de crecimiento turístico de Canarias debe ser compatible con el bienestar de la ciudadanía, la sostenibilidad del territorio y la preservación de la identidad local”, subrayó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.
De León también destacó que el Tribunal Supremo (TS) rechazó la denuncia interpuesta por la CNMC contra las ciudades de Bilbao, San Sebastián y Madrid, que habían limitado, en el ejercicio de sus competencias, la actividad de la vivienda vacacional. “El órgano judicial aclaró que las Administraciones públicas deben evitar la gentrificación e impedir que las ciudades se conviertan en un ‘parque temático’, en lugar de en un espacio habitable y de convivencia”, explicó. Además, asegura que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han pronunciado en la misma línea, indicando que la regulación de la vivienda vacacional “no vulnera el derecho a la propiedad privada”, sino que se ajusta a los “límites necesarios para garantizar el interés general”.
La consejera también se refirió a aspectos del informe que considera inaceptables, como la propuesta de permitir que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) puedan destinarse al alquiler vacacional, lo cual fue descartado por el Gobierno. Al respecto, De León subrayó que “las VPO son un recurso esencial para garantizar el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables y han sido financiadas, total o parcialmente, con dinero público”.
El informe también incluye otras propuestas, como permitir que el alquiler vacacional siga creciendo incluso en zonas donde la vivienda es escasa, algo que el Gobierno de Canarias observa “con profunda preocupación”.
Otra recomendación planteada es que el alquiler vacacional se pueda implementar en locales convertidos en viviendas para atender la falta de oferta residencial, así como implantar viviendas vacacionales en espacios protegidos, donde actualmente solo se permite el turismo rural. De León advirtió que “los alojamientos rurales están sometidos a una normativa muy estricta con el objetivo de preservar el espacio natural en el que se asientan. En estas zonas, la proliferación de viviendas vacacionales podría poner en peligro la conservación de la Red Natura 2000 y de la biodiversidad”.
La consejera también expresó su rechazo a la sugerencia de la CNMC de modificar los criterios de accesibilidad para flexibilizarlos, destacando que “nos oponemos con contundencia, porque la accesibilidad no es un privilegio, sino un derecho fundamental que no se puede negociar”.
En relación con la distribución de la edificabilidad, el informe critica que un 90% de la edificabilidad se destine a los residentes y un 10% al uso turístico. Al respecto, De León defendió que este límite es “una herramienta imprescindible para garantizar que la vivienda siga cumpliendo su función social”, recordando que en las islas verdes, donde la presión turística es menor, el porcentaje destinado a la vivienda vacacional puede llegar hasta el 20%.
Algunos de estos argumentos fueron cuestionados por el voto particular de uno de los miembros de la comisión, que consideró que las medidas del proyecto de ley estaban justificadas en términos de necesidad y proporcionalidad para garantizar el acceso a la vivienda residencial en Canarias.
Finalmente, De León subrayó que el texto de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas ha sido avalado por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, por un informe del Gobierno de España y por el Consejo Consultivo, que validaron los principios esenciales de la norma y su estructura central. Además, se ajusta a las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo (TS), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y está alineado con los principios de sostenibilidad establecidos por el Parlamento Europeo.
