Diversas asociaciones de la Guardia Civil, entre ellas la AUGC, AEGC, Jucil, la Unión de Oficiales de Guardias Civiles Profesionales, ASES-GC y la Asociación de Profesionales de Cabos, han firmado un manifiesto conjunto en el que expresan su rechazo a la disolución del Grupo de Reserva y Seguridad nº8 de Canarias.
Esta unidad de élite, encargada principalmente de labores relacionadas con el orden público, así como de la lucha contra el terrorismo y otros desafíos de seguridad, también desempeña un papel fundamental en la gestión migratoria en el archipiélago.
El escrito, suscrito por las mencionadas asociaciones, subraya la “total y absoluta disconformidad con la disolución del Grupo de Reserva y Seguridad nº8 de Canarias”. De acuerdo con la denuncia de estas organizaciones, la Jefatura de Unidades de Especialidades y Reserva (JUER) habría decidido desmantelar esta unidad estratégica, decisión que, según afirman, ya ha sido aceptada por los órganos centrales de la Guardia Civil en Madrid. La disolución, agregan, se estaría llevando a cabo “sin razón objetiva aparente”.
Para las asociaciones firmantes, esta medida tendría un impacto negativo en la seguridad de la región, ya que el Grupo de Reserva y Seguridad nº8 es esencial para la protección de los ciudadanos en la única región ultraperiférica española reconocida por la Unión Europea.
El Grupo de Reserva y Seguridad nº8 tiene entre sus principales funciones la intervención en grandes concentraciones y manifestaciones, el mantenimiento del orden público, la respuesta ante alertas NRBQ, y la colaboración en casos de grave riesgo o calamidad pública, como incendios y crisis vulcanológicas.
Además, su labor incluye la lucha contra el terrorismo y la neutralización de amenazas, así como la prevención de delitos con riesgos nucleares, radiológicos, bacteriológicos y químicos.
En cuanto a la alerta antiterrorista, las asociaciones recuerdan que España se encuentra actualmente en nivel 4 sobre 5, y destacan que Canarias, como punto de entrada clave, es especialmente vulnerable a este tipo de amenazas. La unidad también se encarga de la protección de infraestructuras críticas, como puertos, aeropuertos y centrales eléctricas, que podrían ser objetivo de atentados.
El comunicado también señala que la desaparición de esta unidad tendría consecuencias graves en el control migratorio en Canarias, especialmente en un contexto donde la presión migratoria está alcanzando niveles récord en el archipiélago.
Las asociaciones critican el hecho de que la disolución de la unidad se haya llevado a cabo “con el mayor secreto”, sin que los afectados hayan sido informados oficialmente.
También expresan su preocupación sobre la posible continuación de este proceso de desmantelamiento en Canarias, al igual que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, como el País Vasco, Navarra y Cataluña. “Nos preguntamos si este es el inicio del desmantelamiento de la Guardia Civil en Canarias, y cuáles serán las próximas unidades a suprimir”, concluyen.
