Estudios científicos prevén que en las próximas décadas el amianto mate a 40.ooo personas en España.

El registro del amianto instalado, es un paso imprescindible para su correcta eliminación.

Desde el año 2001 está prohibida en España la comercialización y el uso del amianto o productos que contengan esta sustancia.

Por amianto consideramos a un grupo de minerales de naturaleza a fibrosa que la Organización Mundial de la Salud considerada como cancerígeno de primera categoría (puede producir cáncer con independencia de su cantidad). El amianto o los materiales que lo contienen, muy especialmente fibrocemento, lo que casi todo el mundo conoce por su marca comercial: “uralita”, cuando se manipula, se rompe, se corta o simplemente se desgasta por la acción meteorológica o el paso del tiempo, desprende fibras al ambiente, que respiradas o tragadas pueden generar gravísimas enfermedades como el cáncer entre otras.

De acuerdo con reconocidos estudios científicos, en las próximas décadas, hasta el 2030/40, se prevén 40.000 fallecimientos en España. Muchos de los trabajadores/as expuestos desconocen la situación o no tienen documentada la exposición y no suelen ser capaces de poder fundamentar la causalidad de las exposiciones profesionales, debido a los prolongadísimos periodos de latencia. (Entre la exposición y el desarrollo de las patologías pueden pasar décadas.)

Por esta circunstancia, y bajo la presión social de la Unión Europea, se ha instado a que se legisle la prohibición y eliminación total de todo material que contenga amianto, por su alta peligrosidad y las graves consecuencias que tiene para la salud humana y la sociedad en general, y muy directamente, para los trabajadores que están o han estado expuesto a productos con amianto.

Desde CCOO Canarias apoyamos iniciativas como la del Cabildo de Gran Canaria con la apertura de un censo para particulares sobre elementos de amianto instalado. Dicha acción va en línea con la resolución del Parlamento Europeo del 2013, donde se establece actuaciones bajo el título: “Riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y eliminación de todo el amianto existente”, cuyo objetivo prioritario es la realización de un inventariado de la presencia de amianto, para a su vez elaborar mapas fidedignos con la localización exacta de lugares públicos y privados detectados, para posteriormente realizar planes de acción de eliminación segura del mismo antes de 2028. Igualmente valoramos muy positivamente el reciente anuncio del ayuntamiento de Telde que comenzará en breve su segundo plan de retirada de amianto. El municipio y el Cabildo ya han retirado de dicho término municipal más de 13.000 kilos y consideran que aún les queda mucho por retirar.

El inventario de edificios con presencia de amianto y/o materiales que lo contengan es la antesala para la creación de programas de desamiantado, ya que con ello se podrá programar de forma adecuada y segura la retirada de dichos elementos que se encuentran presentes en Canarias en diversos formatos. (Al amianto se le han dado más de tres mil usos, entre otros, tejados, depósitos, tuberías, canalones, jardineras, canalizaciones, planchas,…)

Este programa de intervención debe ir acompañado de los recursos económicos necesarios. Actualmente la gestión como residuo peligroso por empresas especializadas representa un alto costo y supone que a nivel particular se opte por su retirada y vertido incontrolado y de forma irregular en la vía pública, agravando aún más el problema.

La Secretaría de Salud Laboral y Medioambiente considera básico no olvidarse de las personas que han sufrido, están sufriendo o sufrirán daños a su salud por la exposición, de ahí que esta intervención debe ir acompañada además con la creación de un Fondo de Compensación Estatal para las Víctimas del Amianto, ya que muchas de las empresas suministradoras o empresas donde los trabajadores/as han manipulado este producto, responsables de la situación, han desaparecido o no se encuentra documentada la actividad de las empresas con dicho material, lo cual supone una gran dificultad para vincular la exposición.

En estos momentos, se está asumiendo un gasto sanitario, social y ambiental no cuantificado, debido a la falta de actuación por parte de la Administración. Un claro ejemplo, es que el Servicio Público de Salud, a diferencia de otras comunidades autónomas, carece de un registro de trabajadores expuestos a los que se les realice un seguimiento médico postocupacional por exposición al amianto. En Canarias desde el año 2006, fecha en la que se aprobó el cuadro de enfermedades profesionales, no se ha reconocido ningún cáncer de origen laboral.

Desde CCOO Canarias consideramos fundamental la acción acometida tanto por el Cabildo de Gran Canaria como por el municipio de Telde, para una adecuada gestión y eliminación del amianto e instamos que el resto de instituciones públicas se unan a estas iniciativas. Nos parece importantísimo y urgente el registro de instalaciones y edificios públicos y privados con presencia de este material, que el gobierno de Canarias lidere la elaboración de dicho censo y la correspondiente programación de retirada paulatina de todo aquel material que tuviera presencia de amianto en toda Canarias, como se está realizado en otros países de la Unión Europea y en otros territorios en España.