El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Santa Cruz de Tenerife y el Juzgado de Primera Instancia nº17 de Las Palmas de Gran Canaria son dos de los nuevos órganos judiciales.
La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias informa de que esta semana se han puesto en funcionamiento cinco nuevos órganos judiciales en Canarias, tres en la provincia de Las Palmas y dos en la de Santa Cruz de Tenerife. En todos los casos disponen de sus plantillas orgánicas completas, integradas por un total de 47 personas en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, que se distribuyen en los cinco juzgados, resultando un total de 14 personas pertenecientes al cuerpo de Gestión procesal, 23 al de Tramitación procesal y 10 al cuerpo de auxilio judicial.
En la provincia de Las Palmas se han puesto en marcha el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Las Palmas de Gran Canaria, ubicado en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas y que cuenta con una plantilla de 11 personas; el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Arucas, en la sede de los Juzgados de Arucas, con ocho personas; y el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Telde, situado en el Edificio Judicial de Telde y que cuenta con nueve personas en su plantilla orgánica.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, cuya plantilla está formada por diez personas y que está situado en la Calle Celia Cruz, donde se ubicarán también las nuevas dependencias del Registro Civil; y Juzgado de Primera Instancia nº 7 de La Laguna, ubicado en el Edificio Judicial de La Laguna, con un total de nueve trabajadoras y trabajadores.
La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, remarca que la entrada en funcionamiento de estos cinco órganos judiciales, con la plantilla orgánica completa, quiere poner de manifiesto el compromiso del equipo de Gobierno de dotar a la Administración de Justicia de los recursos humanos indispensables para la prestación de un servicio público de calidad, siempre que lo permita la disponibilidad presupuestaria.
