El Gobierno de Canarias ha lanzado una voz de alarma ante el Ministerio de Industria y Turismo respecto a la inminente aplicación de la nueva normativa sobre alquileres turísticos. Según datos facilitados por la Consejería de Turismo y Empleo, la entrada en vigor de la orden ministerial podría provocar la baja masiva de miles de propietarios de viviendas vacacionales debido a las dificultades burocráticas y técnicas del nuevo sistema.

El conflicto gira en torno a la aplicación del Real Decreto que regula el registro único y la ventanilla única digital de arrendamientos, sumado a la reciente orden VAU 1560/2025. Esta normativa exige a los titulares notificar a los registradores los arrendamientos realizados durante 2025 antes del próximo 2 de marzo.

Las cifras manejadas por el Ejecutivo regional evidencian un colapso en la gestión: de los 415.000 números de registros únicos que actualmente se comercializan en plataformas, el Ministerio ha confirmado que solo 27.700 propietarios han conseguido depositar el registro de arrendamientos del año anterior.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha alertado de las consecuencias directas de no cumplir con este trámite: la baja automática del sistema. Además, ha advertido de que si los propietarios afectados desearan darse de alta nuevamente tras la expulsión, deberán asumir un nuevo coste económico. “Se está generando una situación preocupante ya que los propietarios disponen de menos de un mes para completar la tramitación y, mientras tanto, el Ministerio guarda silencio ante un problema que ellos mismos han generado”, aseguró De León.

Petición de derogación y conflicto competencial

Tras la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada este martes en Madrid, a la que asistió junto al director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez; Jéssica de León solicitó formalmente al ministro Jordi Hereu y a la secretaria de Estado, Rosario Sánchez, la derogación del registro único de alquileres.

El Gobierno de Canarias argumenta que esta herramienta es “ineficaz”, genera inseguridad jurídica e invade las competencias de las comunidades autónomas. Según la consejera, se ha creado una “burbuja” administrativa debido a la duplicidad de registros. “Lo que para Canarias es legal, para los Ministerios de Vivienda y de Turismo no lo es. Ni Canarias puede darles de baja en el Registro General Turístico ni el Ministerio les permite comercializar”, explicó.

Desde la Consejería se subraya que el Reglamento Europeo es de aplicación directa y que el Decreto del Gobierno de España era innecesario. De hecho, De León recordó que la propia Comisión Europea se ha manifestado en contra del Real Decreto español por apartarse de la normativa comunitaria. Asimismo, señaló que la exigencia de inscripción registral contradice la Ley Hipotecaria, que no obliga a realizar dicho trámite.

Esta situación ha llevado al Ejecutivo canario a recurrir el Real Decreto ante el Tribunal Supremo, alegando que genera indefensión al propietario “ya que las viviendas que son legales en Canarias, son ilegales para los registradores, es decir, para el Ministerio de Vivienda, que carecen de competencias tanto en turismo como en vivienda”, explicó la consejera. Además, Canarias ha comunicado que aún no ha podido conectarse a la ventanilla única digital debido a las dificultades técnicas que presenta su funcionamiento.

Impacto en las “Islas Verdes”

El Gobierno canario ha hecho hincapié en que este requisito afectará con especial dureza a las denominadas “islas verdes” (La Palma, La Gomera y El Hierro). En estos territorios, muchos propietarios corren el riesgo de quedar fuera de las plataformas de comercialización por no poder completar el trámite antes de la fecha límite, con el perjuicio añadido de tener que pagar nuevamente para reactivar la actividad de sus viviendas.

Tensión por los Fondos Next Generation y las infraestructuras

Durante la Conferencia Sectorial, que llevaba más de dos años sin convocarse, también se abordó la gestión de los fondos europeos. La consejera lamentó que la reunión respondiera a una “reacción tardía y desesperada” del Ministerio ante el riesgo de que España pierda los fondos Next Generation por falta de coordinación, más que a una voluntad real de diálogo.

“La flexibilización para gestionar estos fondos llega tarde, tendría que haberse producido hace al menos un año”, sentenció De León, coincidiendo con otras comunidades en que las propuestas actuales no mejorarán la ejecución ni ayudarán al sector de forma efectiva.

Finalmente, la representante canaria reprochó la falta de inversión estatal en conectividad y transporte. En este sentido, volvió a exigir el cumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF), reclamando que los Presupuestos Generales del Estado recuperen la partida específica para Infraestructuras Turísticas que fue eliminada por el Gobierno central en 2023.