La construcción siempre está de moda, es lógico, porque es la locomotora que arrastra al resto de las actividades económicas que tienen una dependencia funcional y logística indiscutible hacia ella. Si coge un resfriado, el sistema productivo entra en gripe, que puede ser más o menos grave, según sea la intensidad de la crisis.

En nuestra Comunidad Autónoma, tenemos el espinoso problema de la emergencia habitacional, que está afectando de manera crucial a miles de ciudadanos o familias que no tienen acceso a ese derecho primario, fundamental y constitucional de tener una vivienda digna.

A esta preocupación hay que sumar los problemas a los que nos tenemos que enfrentar en la actualidad, en primer lugar, las distintas Administraciones Públicas, que por su torpeza gestora continúan licitando sin la revisión de precios correspondiente, lo que supone que muchas obras se queden desiertas porque las condiciones económicas están totalmente fuera de mercado, en Canarias, de enero a junio, ha supuesto más de treinta millones de euros que no se van a poder ejecutar, siendo un despilfarro inasumible.

En segundo lugar, la excesiva recurrencia a la utilización de medios propios, a base de encomiendas a empresas públicas, que demuestra una vez más de manera fehaciente, no lo decimos nosotros, sino que lo demuestra el devenir, que la Función Pública no sirve, es incapaz de hacer su trabajo gestionando en tiempo y forma los distintos expedientes.

En tercer lugar, la falta de personal cualificado con el retraimiento de los jóvenes para incorporarse al sector lo que está suponiendo que no hay relevo generacional, ni tasa de reposición con un envejecimiento más que evidente del mercado laboral constructivo, donde un 35% de los que trabajan hoy se jubilarán dentro de quince años, añadiendo que todavía la participación de las mujeres no llega al 12%. Por supuesto que padecemos más contratiempos, pero con los reseñados ya vamos cargaditos.

Ahora hay que solucionar de forma inaplazable, que las oficinas técnicas municipales o gerencias, gestionen la concesión y resolución de las licencias de obras en los plazos establecidos normativamente. No se puede permitir, pero está sucediendo, que en ayuntamientos conocidos por su desastrosa burocracia, haya algunas con espera de más de tres años, inaguantable, bochornoso e indignante.

El promotor, que en Canarias es un verdadero héroe, asume muchas responsabilidades. Me gusta destacar por encima de las profesionales, las personales o familiares, porque arriesga no sólo su patrimonio económico, sino también su estabilidad vivencial.  Es considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Sus obligaciones demuestran lo temerario y valiente que puede ser dedicarse a esta honrosa profesión, van desde ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él, facilitando la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones.

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. Adherirse a los seguros previstos en la Legislación y entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

Tenemos que levantarnos todos los días, con ánimos renovados y sobre todo con mucho brío, para tener la constancia y energía necesaria para enfrentarnos en una batalla cansina a esa Administración Pública comodona, incompetente y arrogante que nos  impide laborar, pero somos obstinados. Oscar Izquierdo.