A partir del 1 de diciembre, los quioscos, bares, restaurantes y otros establecimientos ubicados en zonas de alta afluencia de Santa Cruz de Tenerife deberán colocar recipientes homologados en cada mesa para el depósito de residuos, como parte de la modificación de la Ordenanza Municipal de Gestión y Limpieza de Espacios Públicos. Esta medida busca evitar la dispersión de basura y mejorar la sostenibilidad ambiental en la ciudad.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, comentó que “tenemos un compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad que pasa por poner en marcha medidas concretas que contribuyan a reducir los residuos y a mejorar la calidad de vida de vecinos y visitantes. Por tanto, buscamos regular la gestión de residuos en establecimientos y fomentar una mayor conciencia colectiva sobre la responsabilidad que tenemos todos en la protección del entorno urbano”.

El concejal de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, explicó que “la medida es clave para mantener la ciudad limpia y ordenada, antes, durante y después de la actividad, al tiempo que nos ayudará a mejorar la accesibilidad a los puntos de reciclaje”. Añadió que “trabajamos con la visión de crear un modelo de ciudad más sostenible, donde empresas y ciudadanos colaboren para mantener nuestros espacios públicos libres de basura y respetuosos con el medio ambiente”.

Los recipientes deberán ser de material resistente, contar con tapa para evitar derrames y tener un tamaño adecuado para los residuos generados en las mesas de las terrazas. Además, deberán adaptarse a la imagen corporativa de cada local y ubicarse de manera accesible para los comensales. La limpieza y mantenimiento de los recipientes será responsabilidad de los establecimientos.

La normativa se aplicará principalmente en las zonas de mayor afluencia turística del municipio, donde se concentran numerosas terrazas y locales en espacios públicos. El Ayuntamiento implementará un plan de inspección y seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas medidas, que comenzarán a ser exigibles el 1 de diciembre.