El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles la adjudicación del nuevo contrato del servicio de seguridad para el Parque Nacional del Teide. Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental proteger el mayor símbolo natural y cultural de la isla, así como garantizar la seguridad de todas las personas que lo visitan. Para hacer efectiva esta medida, que consolida la protección de la identidad patrimonial de Tenerife, la corporación destinará un importe total de 3.361.385,78 euros, cantidad que incluye el IGIC y cuyo gasto se distribuirá de forma plurianual entre los ejercicios 2026 y 2029.

El eje central del acuerdo prevé la incorporación de 13 guardas rurales antes de que finalice el presente mes, en un plazo estimado de dos semanas. Estos profesionales se sumarán a los 14 nuevos agentes medioambientales que ya prestan servicio. De esta forma, ambas unidades trabajarán de manera conjunta para velar por la integridad del espacio natural, elevando la plantilla total a 27 efectivos. Estas cifras constatan un crecimiento sustancial de la seguridad operativa en el parque, puesto que en los últimos dos años y medio se ha pasado de tener tan solo 2 efectivos a los 27 actuales.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha puesto en valor la importancia de este acuerdo administrativo. Según detalló, “la adjudicación del contrato responde al compromiso del Cabildo de Tenerife con la protección de los espacios naturales, garantizando una gestión profesional, segura y eficiente del parque, al tiempo que se asegura la prevención de riesgos y la atención rápida ante cualquier contingencia”. En la misma línea, la consejera remarcó el valor identitario de este enclave apuntando que “proteger el Teide es proteger a Tenerife y a su gente. Este esfuerzo es una medida para cuidar nuestro patrimonio más preciado”.

A nivel operativo, el alcance del servicio de seguridad se centrará en la prevención y protección integral frente a cualquier actividad que pueda constituir una infracción administrativa o un delito. Sus funciones principales abarcarán desde la actuación rápida ante emergencias, accidentes, incendios y otros siniestros, hasta la coordinación de medidas preventivas y planes de contingencia para asegurar la protección tanto de visitantes como de trabajadores. Las labores de vigilancia no se restringirán únicamente al interior del Parque Nacional del Teide, sino que los efectivos también supervisarán diversas áreas situadas en el exterior del mismo, incluyendo puntos de gran afluencia como los miradores de Chipeque, Ayosa, Lomo del Retamar y Los Poleos.

El director de Medio Natural, Pedro Millán, explicó la estructura jerárquica con la que operará este dispositivo, garantizando que los guardas “estarán supervisados y gestionados por los propios agentes de medioambiente del parque quienes organizaran y controlaran las tareas de vigilancia de estos nuevos compañeros”. Millán justificó esta ampliación de efectivos recordando que “la gran extensión del parque, los múltiples accesos y el número de visitantes exigían más protección y con este trabajo conjunto vamos a poder cumplir todas las necesidades para ganar en más conservación y protección de una joya única en el mundo como es el Teide”.

Para cumplir con estos objetivos de excelencia, el equipo adjudicatario estará bajo el mando de un coordinador experimentado en la gestión de parques nacionales. Asimismo, todo el personal asignado cuenta con formación específica en primeros auxilios y técnicas de observación y vigilancia, complementada con el dominio de varios idiomas para asegurar una atención fluida a turistas y visitantes internacionales. El dispositivo dispone además de una bolsa de horas adicional reservada para la administración, lo que otorga la flexibilidad necesaria para cubrir cualquier necesidad sobrevenida en el parque.

Este contrato marca un hito en la gestión de la seguridad de los espacios protegidos de Tenerife, aunando capacidades de prevención, vigilancia y respuesta ágil frente a situaciones de riesgo. Para garantizar la puesta en marcha de los servicios de manera inmediata y bajo los estándares de calidad establecidos, el documento incluye la obligación de formalizar el acuerdo dentro de los cinco días hábiles posteriores a su notificación. Una vez rubricado, el contrato tendrá una duración inicial de tres años, comenzando a computar a partir del día siguiente a dicha formalización.