En mayo pasado, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, bajo la dirección de David Hernández del Área de Ciudad Sostenible (ACP), finalizó un censo de lugares e instalaciones con amianto, tanto públicos como privados.
Este censo se entregó a las autoridades pertinentes, cumpliendo así con la Disposición Adicional 14º de la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular.
La Dirección General de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias solicitó este censo a todos los municipios del archipiélago a través de la FECAM, en respuesta a una acción iniciada por el Defensor del Pueblo. Este último había solicitado a la Consejería un informe sobre el grado de cumplimiento de los Ayuntamientos en este asunto, aunque hasta la fecha no se ha recibido ninguna información al respecto.
El 21 de mayo, se envió un documento a los municipios instándoles a actualizar y entregar los datos requeridos, y a confirmar la realización de los tres hitos requeridos en la Disposición Adicional 14º antes del 3 de junio de este año.
El documento destacaba que Puerto de la Cruz era la única localidad que había cumplido con sus obligaciones hasta la fecha.
El Área de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz elaboró este informe en diciembre pasado con la ayuda de una empresa externa. El informe es muy completo y útil, ya que no solo incluye el censo mencionado, que clasifica los edificios según su nivel de riesgo, sino que también propone un calendario y plazos para la retirada del amianto.
David Hernández declaró: “desde el Área seguimos dando pasos firmes para mejorar la calidad de vida de los y las portuenses, cuidando el medio ambiente y haciendo que nuestro municipio sea más sostenible para que sea más habitable”.
Aseguró que “nuestra prioridad será siempre velar por la ciudadanía y, aunque queda camino por recorrer, seguimos con la firme convicción de mejorar nuestro entorno con actuaciones como esta permiten la retirada de materiales potencialmente nocivos para la salud”.
Cumplimiento de las obligaciones de incluidas en la Disposición Adicional 14º
El censo encargado por la Concejalía incluye una lista de edificios, instalaciones y lugares con amianto, tanto públicos como privados. Este censo también abarca las redes de suministro y saneamiento, proporcionando una evaluación de su riesgo.
Esta tarea es una de las responsabilidades de los ayuntamientos, según la Disposición Adicional 14º de la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular. Los ayuntamientos deben acompañar la elaboración de este censo con un calendario que planifique su eliminación.
El censo y el calendario, ambos de carácter público, se enviaron a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de la Comunidad Autónoma, tal y como lo exige la Ley.
Estas autoridades deben inspeccionar estos lugares para verificar su estado. “Esta documentación –explica Hernández– permitirá a la Concejalía planificar un calendario para su retirada no sólo de los edificios de titularidad municipal, sino de los inmuebles públicos propiedad de otras administraciones y también privados, a los que hay que notificar de la existencia de asbesto para que estos tomen las medidas oportunas”.
La información recopilada en el censo se muestra en el visor web LocAm, que la empresa ha cedido gratuitamente al Ayuntamiento durante un año.
Esto proporciona a los técnicos del Área una herramienta informativa valiosa que será de gran ayuda en las tareas de gestión urbanística y territorial.
