El nuevo grupo de gobierno en la administración portuense, presidido por Leopoldo Afonso, ha comenzado a implementar las medidas administrativas necesarias para abordar la contaminación de las playas de Puerto de la Cruz.
Estas acciones forman parte de una intervención integral que se viene preparando desde hace varios meses bajo la coordinación del concejal de Concesiones Administrativas, Pedro Antonio Campos. El objetivo es cumplir con los compromisos asumidos por el Ayuntamiento en la Comisión de Seguimiento, integrada por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el propio Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, para resolver los problemas relacionados con la calidad de las aguas de baño en Playa Jardín.
En este sentido, el concejal Pedro Antonio Campos anunció que ya se han iniciado los expedientes de contratación para llevar a cabo las medidas correctoras, con una inversión aproximada de 8 millones de euros.
En esta primera fase, se contempla la ejecución de las obras correspondientes a la medida 1, denominada “Desconexión excedente de aguas bajantes La Vera-Las Adelfas”, con un presupuesto estimado de 150.000 €, financiado a través de una subvención de la Dirección General de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Esta medida tiene como objetivo reducir la cantidad de agua que llega a la estación de bombeo de Playa Chica, lo que resultará en una disminución significativa de vertidos ilegales. La solución propuesta consiste en redirigir estos caudales hacia la estación depuradora.
Asimismo, también se inicia la contratación para la redacción de los proyectos y la obtención de la documentación ambiental y las autorizaciones sectoriales necesarias para las obras correspondientes a la medida 2 de la propuesta integral de intervención. Esta medida, titulada “Ejecución y legalización de todas las estaciones de bombeo y aliviaderos del municipio”, tiene como fin regularizar las estaciones de bombeo, ya que muchas de ellas no cuentan con la autorización correspondiente, lo que puede originar vertidos ilegales hacia la costa. Además, algunas de estas estaciones se encuentran en mal estado y requieren renovación para cumplir con los estándares legales.
Por otro lado, la medida 3 de la propuesta integral se refiere a la “Nueva red de alcantarillado para el barrio de Punta Brava”. Esta intervención implicará el rediseño de la red de alcantarillado para sustituir las antiguas tuberías de hormigón y fundición por materiales más duraderos y resistentes a la corrosión marina. También se eliminará la red de alcantarillado dentro de la línea de dominio público marítimo terrestre, así como la red interior del barrio, cuya vida útil ha terminado. El objetivo final es proporcionar una acometida individualizada a cada parcela y erradicar los vertidos al subsuelo. Además, se instalará una nueva red de aguas pluviales.
Ambos proyectos serán financiados con fondos propios del Ayuntamiento y de la Dirección General de Transición Ecológica. Al mismo tiempo, se ha impulsado la tramitación de la nueva concesión del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento, que estuvo paralizada durante más de dos años por el anterior grupo de gobierno. Esta concesión incluirá la ejecución de las obras de las medidas 2 y 3, una vez se obtengan los permisos y autorizaciones correspondientes, resolviendo así un problema que persiste desde hace más de 40 años.
Se espera que la nueva concesión, una vez concluidas las actuaciones preparatorias, esté finalizada en el primer semestre de 2025. Durante este periodo, se tramitarán simultáneamente la redacción de los proyectos, las autorizaciones de Costas y la evaluación ambiental.
El alcalde, Leopoldo Afonso, afirmó: “Hoy es un día muy importante para Puerto de la Cruz. Anunciamos con orgullo una inversión de 8 millones de euros que representa nuestro compromiso inquebrantable con la salud ambiental y el bienestar de nuestros ciudadanos. La crisis de los vertidos ha sido un problema que hemos heredado, pero estamos decididos a solucionarlo con acciones concretas y efectivas”.
Por su parte, el concejal de Concesiones Administrativas, Pedro Antonio Campos, agregó: “En cuatro meses hemos avanzado más en la solución de este problema que en varios años anteriores. Gracias a ello, contamos con una hoja de ruta y con financiación propia y externa para ejecutar las actuaciones descritas”.