La Asociación ecologista de Salvar La Tejita ha presentado una denuncia formal contra dos figuras clave de la empresa ‘Construcción, Promoción Y Derivados’ S.A (Grupo Viqueira). Según la asociación, el representante legal y el arquitecto de la empresa “son responsables de daños sistemáticos y deliberados a un espacio natural protegido”. La asociación alega que las dunas de arena han sido anexadas por el constructor en su “intento” de construir el Hotel de La Tejita.
El arquitecto, en particular, ha sido señalado por firmar una declaración que asegura el cumplimiento de la Ley de Costas en relación con el proyecto.
La denuncia de 21 páginas presentada a la Fiscalía Provincial de Tenerife sostiene que la Subdirectora General del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica ha declarado que el constructor “no tiene autorización para trabajar dentro del dominio público marítimo-terrestre”.
Los ecologistas citan un extracto del texto que concluye: “En definitiva, se considera que ‘Construcción, Promoción Y Derivados’ S.A. carece de título habilitante para la realización de obras en el dominio público marítimo-terrestre.”
La asociación sostiene que, como resultado, se está infringiendo el Artículo 330 del Código Penal, que establece penas de prisión y multas para aquellos que causen daño grave a un espacio natural protegido.
Sentencias del TSJC que avalan que el nuevo deslinde según la constructora
Por su parte, la empresa insiste en que cuenta con tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avalan la legalidad de las obras del hotel de La Tejita. Y aseguran que la promotora trabaja de manera “transparente y responsable, ya que cuenta con los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto”.
Según lo explica la constructora, las obras se reiniciaron el pasado mes de febrero, tras contar con las sentencias TSJC que avalan que el nuevo deslinde “no afecta al desarrollo del proyecto”. Los trabajos continúan su curso, según lo previsto ya que “todas las licencias y autorizaciones que amparan a la promotora para la realización de las obras se encuentran actualmente vigentes y son eficaces”.
Ante las declaraciones de los grupos que se oponen al proyecto, cuestionando la autorización para trabajar dentro del dominio público marítimo-terrestre, la promotora recuerda que las sentencias del TSJC dicen, textualmente, que “La autorización y licencia urbanística, por lo tanto, se ajustaban al deslinde de la zona marítimo terrestre vigente, y como refiere la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 5ª, de 6 de mayo de 2002, el deslinde iniciado con posterioridad no puede afectar a licencias ya concedidas.”
En relación al informe de la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Gobierno central, al que hacen referencia colectivos contrarios al proyecto, la promotora aclara que “ese informe es de 2021 y todos sus argumentos son anulados por las sentencias posteriores del TSJC”.
La promotora insiste en que “cuenta con todos los permisos necesarios y que se siguen los procesos establecidos por las autoridades competentes. Estamos comprometidos con el respeto al medio ambiente y trabajamos de manera transparente y responsable, por lo que pedimos el máximo respeto a las personas que se encuentran realizando los trabajos previstos en la primera fase del proyecto”.
