El Ayuntamiento de San Juan de la Rambla ha salido al paso de las recientes acusaciones de la oposición para rechazar “categóricamente” la existencia de un supuesto vertedero incontrolado en la zona de Cabeza Guanche. A través de un comunicado, el grupo de gobierno ha desmentido la alarma medioambiental generada en los últimos días y ha precisado el propósito real de las instalaciones.

Según la corporación local, el espacio en disputa, donde antiguamente se ubicaba el vivero municipal, “es un terreno de titularidad municipal delimitado y acotado para su utilización como zona de acopio temporal de enseres, resto de vegetales y de pequeñas obras”. En este sentido, la administración insiste en que “no se trata de un vertedero ni de una instalación destinada al depósito permanente de residuos, sino de un espacio municipal de carácter operativo”.

Frente a las contundentes denuncias sobre posibles daños irreversibles a la vegetación por filtraciones, el Ayuntamiento ha sido tajante al aclarar que la parcela “no cuenta con una declaración específica de espacio natural protegido”. Además, justifican que esta área de trabajo funciona como punto de apoyo logístico “desde hace más de veinte años”, permitiendo a las empresas de limpieza depositar los materiales provisionalmente antes de su “retirada y traslado para su correspondiente tratamiento”.

El gobierno local también ha precisado que el terreno es utilizado de forma puntual por la Mancomunidad de Municipios de San Juan de la Rambla y La Guancha para realizar acopios vinculados a sus servicios logísticos, remarcando que este uso se realiza “siempre con carácter operativo y sin que ello suponga la existencia de un vertedero permanente”.

En su respuesta, el consistorio ha lanzado un reproche directo a los grupos de la oposición, considerando que con sus declaraciones públicas se “confunde deliberadamente un espacio municipal de acopio temporal con un supuesto vertedero ilegal”.

Finalmente, las autoridades locales han querido reiterar “su compromiso con la correcta gestión de los residuos y con la prestación de los servicios públicos”, lamentando que se intente trasladar a la ciudadanía “una percepción que no se corresponde con la finalidad ni con el uso que históricamente ha tenido el terreno”.