La Unión de Asociaciones de Vecinos de Canarias (U.AVC) ha manifestado su preocupación por la entrada en vigor de la nueva regulación estatal, advirtiendo que supondrá un “incremento desmesurado” de las tasas municipales de recogida de residuos. La directiva de la U.AVC ha trasladado esta inquietud al Gobierno de Canarias, a los siete cabildos insulares, a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y a la Confederación Española de Asociaciones de Vecinos (CEAV), cuestionando lo que considera una “injerencia estatal” que afecta las economías vecinales y el autogobierno de las entidades locales.

Francisco Barreto Rodríguez, presidente de la U.AVC, explicó que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, tiene como objetivos establecer los principios de la economía circular, contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino. “Finalidad a la que no nos oponemos, es más, aplaudimos con grata satisfacción”, aseguró. Sin embargo, destacó que rechazan “las injerencias que con su aplicación y desmesura se pretende imponer un abuso del poder ejecutivo a través del poder legislativo”.

Barreto advirtió sobre una “clara invasión” de las competencias que les “han sido delegadas a las entidades locales y reconocidas por las leyes reguladoras del régimen locales. Transgrediendo sus autogobiernos y autonomías normativas, con la imposición de que el coste unitario resultante de los estudios de costes del servicio de recogida de residuos, se gradúe con una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar un sistema de pago por la generación de residuos y que refleje su coste real, basado en el principio de «quien contamina paga». Exigencia que atenta al carácter regulativo de las tasas que, conforme a la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales que permiten la cofinanciación de los servicios gravados con por las mismas. Es decir, parte de sus costes son financiados a través de la tasa abonada por los usuarios o beneficiarios y el resto, hasta alcanzar su cobertura, con cargo al propio presupuesto municipal”.

La U.AVC sostiene que con la nueva normativa, todos los costes directos e indirectos del servicio recaerán sobre los usuarios, lo que podría suponer un aumento de más del 200% en las tarifas actuales. “Esto va a suponer una nueva carga sobre las economías familiares, en torno a los 15 o 20 euros mensuales”, afirmó Barreto Rodríguez.

Recuerdan que “las actuales tasas municipales en vigor están ajustadas a derecho y financian correctamente el servicio prestado a los vecinos de los distintos municipios en los que se presta el servicio de recogida, transporte, vertido y custodia de los residuos, incluyendo para determinar el cálculo de su valor unitario todas las unidades de sus costes tanto directos como indirectos”, ante esta situación, la organización se ha dirigido a las administraciones públicas preguntando: “¿Qué motivación justifica el ‘tasazo’ que se pretende implantar a partir del mes de abril del próximo ejercicio 2025? ¿Un afán recaudatorio?”

El presidente de la U.AVC subrayó la fuerte repercusión social que tendrá este aumento y exigió aclaraciones sobre las medidas que se adoptarán para mitigar el impacto. “No nos vale que nos anuncien de que viene el lobo, porque lo que realmente necesitamos es que cuando el lobo llegue estemos resguardados y seguros”, manifestó.

Barreto instó a las administraciones públicas a impulsar “un frente común que ponga cordura a este despropósito desmesurado, por su afán recaudatorio no justificado y deslegitimando el autogobierno y la autonomía competencial de las entidades locales”.

Para evitar este “tasazo desproporcionado”, la U.AVC ha propuesto implementar medidas que suavicen el impacto económico de manera gradual y progresiva, además de aliviar la carga fiscal mediante la reducción de otras tasas o impuestos municipales, como anunció el Ayuntamiento de Arona en el último pleno. Hay que recordar que el gobierno local rechazó una propuesta para rebajar al mínimo legal posible el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI); al mismo tiempo, indicaron que ya trabajan en la reducción de los tipos impositivos o en la implementación de bonificaciones y deducciones.