El Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que está vinculado al Cabildo de Tenerife, ha declarado un estado de emergencia hídrica con el apoyo unánime de su Junta General. La reunión, que tuvo lugar hoy (martes 5), fue presidida por Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo. Entre los asistentes se encontraban Valentín González, consejero del Sector Primario, y Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, así como otros miembros del Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

Rosa Dávila explicó que “hemos aprobado la declaración para forjar una alianza fundamental con el sector primario. El sector agrario proporciona 10.000 empleos directos y necesitamos dar respuesta a la necesidad de agua que tiene. Tenemos veranos muy largos, inviernos secos, la pluviometría ha caído un 83% con respecto al año pasado y había que tomar una decisión difícil y valiente. Hay que abordarla desde la realidad y es que, si queremos salvar el verano y salvar las cosechas, teníamos que tomar esta decisión”.

La presidenta del Cabildo también señaló que la declaración de emergencia hídrica “nos permite declarar de emergencia cinco obras fundamentales que tienen que ver con las desaladoras portátiles que se van a instalar para mejorar la calidad del agua, igual que las desalinizadoras, que nos permite trabajar con el agua ya tratada y llevarla a la zona de medianías y a las zonas altas. Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado”. Las cinco desaladoras mencionadas son las de Güímar, Mesa del Mar (que proporcionará agua desalada a La Laguna y Tacoronte), Valle de Guerra (Noreste), Granadilla y Fonsalía.

El Pleno del Cabildo de Tenerife aprobó el 1 de marzo impulsar 34 acciones de emergencia para mitigar los efectos de la sequía extrema en el campo tinerfeño. El objetivo es garantizar el caudal necesario para la sostenibilidad de la producción agrícola y preservar los usos sanitarios y domésticos durante los meses más cálidos.

Una vez aprobada la emergencia hídrica, se publicará durante cinco días y luego se podrán iniciar una serie de acciones. Dávila explicó que “hay que distinguir entre urgencia y emergencia. La urgencia permite acortar los plazos a la mitad y la emergencia nos permite actuar de forma inmediata, sin procedimiento, e instalar las desaladoras desde el momento que las tengamos disponibles. Son desaladoras portátiles y obras de canalizaciones para llevar el agua a donde se necesita, especialmente en los altos y medianías de la Isla. La prioridad es dar agua al campo y garantizar el abastecimiento humano durante el verano”.

Según Dávila, quien se pronunció sobre las restricciones de agua implementadas por varios ayuntamientos, estos están evaluando sus reservas y adoptando medidas que considera responsables. Aclaró que estas medidas no buscan restringir el consumo humano, sino fomentar un uso racional del agua potable, evitando su desperdicio en actividades como lavado o baldeo. Considera estas acciones como razonables y en línea con la situación actual de escasez. Además, anticipó una campaña de concienciación sobre la sequía en la Isla, preparándose para un posible verano crítico para la agricultura en Tenerife.

La presidenta del Cabildo ha expresado que tanto el turismo como la industria tendrán que contribuir para mitigar la situación actual relacionada con el agua. Ambos sectores, que cuentan con desaladoras, tienen la capacidad de proporcionar agua para la agricultura. La prioridad es el sector agrícola y se están llevando a cabo esfuerzos para aumentar el suministro de agua. Además, se están manteniendo diálogos con los sectores turístico e industrial para que puedan suministrar agua para la agricultura.

Por otro lado, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) es una entidad autónoma administrativa vinculada al Cabildo Insular de Tenerife. Su objetivo es gestionar de forma unificada las aguas de la isla de Tenerife. El CIATF está compuesto en un 50% por sectores privados (concesionarios, titulares de derechos de agua, agricultores, consumidores, empresarios y sindicatos) que tienen una estrecha relación con el agua. El otro 50% está formado por representantes de la Administración Pública (Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamientos, Gobierno de Canarias y concesionarios de servicios públicos).