El Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla, a través del área de Patrimonio Cultural, liderada por el primer teniente de alcalde Juan Siverio, ha firmado un convenio con el área de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife.
Este acuerdo tiene como objetivo iniciar los trámites necesarios para la implementación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa.
La iniciativa se enmarca dentro de las subvenciones destinadas a Ayuntamientos para la elaboración y aprobación de planes especiales de protección y catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales, incluidas en el Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027.
Con un presupuesto total de 120.000 euros, financiado en un 90% por el Cabildo de Tenerife y el resto por el Ayuntamiento, esta acción contempla la redacción integral del Plan Especial de Protección, la realización de los trámites necesarios para su aprobación definitiva y su entrada en vigor, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2019, de 25 de abril, del Patrimonio Cultural de Canarias.
El Plan se configurará como una herramienta clave para impulsar acciones dirigidas a la mejora y protección del conjunto histórico municipal.
Asimismo, será un recurso fundamental de consulta sobre diversos aspectos, como la evolución histórica y urbanística del municipio, el marco legal que regula la protección del patrimonio cultural en Canarias, el régimen jurídico de los catálogos, y las características generales del patrimonio cultural municipal.
También abordará el patrimonio arquitectónico, los espacios urbanos, el patrimonio arqueológico, etnográfico e industrial, además del diagnóstico del patrimonio cultural local.
Por otro lado, el documento establecerá los criterios de catalogación y definirá los grados de protección, incluyendo normativa y procedimientos. Esto contribuirá a ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios y titulares de inmuebles situados en conjuntos históricos, al proporcionar una ordenación precisa y un régimen claro de intervenciones y usos.
De esta manera, será posible conocer de antemano qué actuaciones están permitidas, lo que también permitirá agilizar el proceso de obtención de licencias al eliminarse la necesidad de autorización previa por parte del Cabildo Insular.
