La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha anunciado que tomará acciones legales contra el Real Decreto 933/2021, relativo al Registro de Viajeros, cuya entrada en vigor está prevista para el 2 de diciembre. La patronal denuncia la falta de respuesta por parte del Gobierno y el impacto negativo que esta normativa tendrá tanto para el sector hotelero como para los viajeros.

Desde CEHAT aseguran que el Ejecutivo ha ignorado reiteradas peticiones de diálogo y aclaraciones, no solo de la confederación, sino también de asociaciones turísticas internacionales. A pesar de las múltiples advertencias sobre las graves consecuencias que podría acarrear la aplicación de este reglamento, el Gobierno no ha ofrecido soluciones ni ha emitido la Orden Ministerial prometida para aclarar su implementación.

Según la CEHAT, esta normativa afectará no solo a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que se alojan en establecimientos hoteleros dentro del país, quienes se enfrentarán a trámites administrativos más complejos, lo que podría perjudicar su experiencia.

Además, la patronal advierte que los hoteleros deben, por obligación, cumplir con una regulación que consideran confusa y desproporcionada, y que vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago. El incumplimiento de la normativa europea podría resultar en sanciones muy elevadas, superiores a las que establece el propio decreto del Ministerio del Interior, con multas de hasta 30.000 euros. CEHAT denuncia que esta situación crea una inseguridad jurídica inaceptable para un sector que representa el 12% del PIB español y es fundamental para la economía nacional.

Desde la última reunión con el Ministerio del Interior, celebrada el 4 de octubre, CEHAT asegura no haber recibido ninguna comunicación oficial ni avances respecto a las prometidas aclaraciones. La ausencia de la Orden Ministerial comprometida deja al sector en una situación de indefensión, a pocos días de la entrada en vigor del decreto.

Jorge Marichal, presidente de CEHAT, expresó su descontento con la actitud del Gobierno: “Llevamos meses solicitando diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Ante esta falta de voluntad política, nos vemos obligados a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros”.

La confederación está trabajando con expertos legales para explorar las opciones judiciales disponibles y recurrir la normativa, argumentando su impacto desproporcionado y la incompatibilidad con la normativa europea. Para CEHAT, estas acciones son esenciales para defender los derechos de los viajeros y establecer un marco regulatorio justo para los alojamientos turísticos.

“España no puede permitirse que una normativa tan lesiva entre en vigor sin que se hayan resuelto sus múltiples defectos. No dejaremos de luchar para garantizar que nuestro sector y nuestros viajeros reciban el respeto y la protección que merecen”, concluyó Marichal.

A pesar de todo, CEHAT reitera su disposición a colaborar con las autoridades españolas y europeas en la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad sin perjudicar la operatividad del sector. En este sentido, Ramón Estalella, secretario general de CEHAT, señaló: “Siempre hemos colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y seguimos abiertos al diálogo para encontrar soluciones tecnológicas viables y seguras, antes de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto”.