La alcaldesa y concejales delegados aprueban un aumento salarial del 60% anual con respecto al gobierno anterior, tras haber liberado a todos los ediles.
Coalición Canaria- Partido Nacionalista Canario en Vilaflor de Chasna califica de “desproporcionada” las retribuciones de la alcaldesa y concejales/as delegados/as del Ayuntamiento, aprobados esta semana por el pleno de la Corporación local. Según la propuesta el incremento salarial supone un 60% mas con respecto al gobierno anterior en el presente año, por cuanto pasa de 74.915 euros a 119.000.
El portavoz de CC-PNC en el consistorio sureño, Luciano Marrero, afirma que si bien el número de concejales del PSOE ha aumentado en dos tras las elecciones municipales del 26M, “nunca en los 28 años de gobiernos socialista, se había liberado a todo el grupo gobernante”. Como ejemplo citó el periodo 2011–2015, también con cinco concejales, “en el que solo estaban liberados el alcalde (dedicación exclusiva) y un edil, el resto cobraban como dedicación parcial entre 700 y 900 euros al mes, al igual que en el mandato 2015-2019, en el que con dedicación exclusiva solo estaban la alcaldesa y dos concejales al 75%”.
Para CC-PNC este incremento salarial supone aproximadamente un 20% del total presupuestado para todas las retribuciones del personal del ayuntamiento en el ejercicio de 2019.
Luciano Marrero afirma no comprender los argumentos ofrecidos por la alcaldesa quien justifica esta propuesta, “en la escasez de personal técnico, cuyas competencias deberán desarrollar ahora los concejales liberados”, situación que no admite dado que “sin menoscabo de las titulaciones, capacidades y cualificaciones de los concejales, entendemos que los trabajos del personal técnico deben de ser realizados por este personal. Al mismo tiempo nos consta que hay plantilla suficiente y capacitada para afrontar las tareas de la mayoría de las áreas de gobierno”.
Por último, Luciano Marrero se cuestiona que con dichos argumentos “si los concejales renunciarían a la totalidad o parte de su sueldo, en el caso de que se superen las dificultades legales de contratación con las que cuentan las administraciones públicas”.
