El consistorio entiende que es necesario estar preparados para afrontar la crisis sanitaria de la COVID-19, pero también la difícil situación económica que se avecina.
El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de San Miguel de Abona daba cuenta de la liquidación del presupuesto 2019 en la última sesión plenaria. Una liquidación que cumple con todos sus parámetros financieros de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda, así como con su periodo medio de pago, el cual es inferior a los 30 días.
Arturo González, alcalde del municipio, explicaba que “dicha liquidación arrojó un superávit presupuestario de 10.763.258’20 €, de los cuáles, de momento, se han destinado 500.000 € a las políticas sociales que se han derivado de la pandemia ocasionada por la COVID-19, ya que se trata de la única área a la que el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España permite disponer”. González añadía que con relación al resto de la disponibilidad “no existe actualmente normativa que nos permita usarla en otras áreas, lo cual serviría para contribuir al impulso de la actividad económica”. En este sentido, se estaría hablando de la posibilidad de “contratar más personal, mantenimiento y mejora de las infraestructuras municipales, incrementar las dotaciones al fomento del empleo para aliviar la destrucción que ya se está produciendo del mismo, obras financieramente sostenibles, mejora de los servicios esenciales u otras inversiones”, apuntaba el mandatario sanmiguelero.
Desde el consistorio se deja claro que no quieren adelantarse a hacer modificaciones de crédito en caso de que la evolución de la pandemia siga aconsejando la suspensión de actos festivos, sobre todo, “porque tenemos un presupuesto holgado con el que podemos afrontar gastos mientras esperamos una respuesta a la reclamación que estamos haciendo ahora”, apuntaba González, quien añadía que, “no obstante, si se suspendieran definitivamente estos actos o el Gobierno Central continúa limitando el uso del remanente, el destino de este presupuesto será para fines sociales”.
Por su parte, el concejal de Hacienda, Antonio Manuel Rodríguez, resaltaba que “el escenario ha cambiado con la aparición de esta pandemia y por ello, que nos dejen utilizar el superávit se tiene que producir cuanto antes puesto que la situación tiende a empeorar ya que, con la finalización del estado de alarma, terminan los ERTES y, posiblemente, tras el cierre de empresas y cese de los autónomos, aparecerán los ERES, con el consecuente aumento del desempleo”. En este sentido, desde el ayuntamiento se recuerda que es precisamente la administración local la que más ha cumplido con todos los ratios financieros a diferencia del resto de las administraciones públicas y es la que, con estos superávit y remanentes acumulados (que en nuestra Comunidad Autónoma el de todos los ayuntamientos está entorno a los 4.000 millones de euros), podría contribuir a la reactivación económica, no solo con sus recursos propios sino con la capacidad operativa y ejecutiva que dispone, siendo necesario para ello que el Estado flexibilice los ratios de estabilidad financiera y regla de gasto.
Rodríguez destacaba que “si nos dejasen utilizar estos superávit acumulados no tendríamos necesidad de acudir a la financiación externa, con lo cual tampoco estaríamos expuestos a endeudarnos”.
