El TSJC anuló el estudio de impacto ambiental de la obra del tercer carril entre San Isidro y Las Américas, porque el proyecto sufrió cambios sustanciales.

El Partido Popular en el Cabildo solicitará, a través de una moción, en el Pleno de la institución insular que se inste al Gobierno de Canarias para que tome las medidas jurídicas oportunas, en el ámbito de sus competencias, para desbloquear y reconducir la situación planteada ante el último pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en relación a la anulación de la declaración de impacto ambiental de la obra del tercer carril entre San Isidro y Las Chafiras, que ha supuesto la paralización de la obra que se estaba ejecutando en el enlace de Chafiras-Oroteanda.

El Tribunal tomó la decisión de anular la prórroga de la declaración de impacto ambiental porque el proyecto de construcción modifica sustancialmente el trazado en el enlace de la autopista con Las Chafiras.

El grupo Popular en el Cabildo pedirá a toda la corporación que se sume a su propuesta de apoyar al Gobierno de Canarias para que recurra la decisión del TSJC, teniendo en cuenta que “es una obra muy importante para la movilidad de toda la comarca sureña, cuya paralización puede tener efectos muy dañinos para la economía y la población del Sur de la Isla y para Tenerife en su conjunto”.

Así lo ha explicado el consejero Valentín González Évora, que quiere resaltar la idea de que “nuestro objetivo debe ser avanzar hacia la movilidad sostenible en Tenerife, y para ello es necesaria la mejora y optimización de nuestras infraestructuras viarias”.

La construcción del enlace Chafiras-Oroteanda comenzó oficialmente en noviembre de 2018 con la firma del acta de replanteo, aunque no fue hasta marzo de 2019 cuando comenzó de forma efectiva la obra. El nuevo enlace de Oroteanda, cuyo proyecto tiene un presupuesto de casi 22 millones de euros, dispondrá de dos glorietas de 60 metros de diámetro y dos carriles de circulación de 4 metros cada uno, que enlazan con las vías distribuidoras, y estas, con la autopista.

Con este planteamiento, el Partido Popular se quiere sumar a las reivindicaciones de empresarios y ciudadanos del Sur de la Isla “que lamentan que se paralice uno de los proyectos estratégicos para la comarca, que debe ser una prioridad para todas las administraciones, teniendo en cuenta los graves problemas de congestión del tráfico que sufre la Isla, y concretamente la TF 1, que soporta un tránsito diario que ronda los 700.000 vehículos”.