Noticias Tenerife Sí se puede exige que no se invierta ni un euro público más en el puerto de Granadilla

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Sí se puede exige que no se invierta ni un euro público más en el puerto de Granadilla

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La organización ecosocialista rechaza las obras de conexión de esta infraestructura fallida con la TF-1 por ser un desperdicio de fondos públicos.

Reclama al ministro Ábalos escoger entre afrontar la crisis social o gastar un dinero que, en parte, aliviará las arcas vacías del empresario Antonio Plasencia.

Sí se puede exige que “no se invierta ni un euro público más con la excusa de destinarlo al puerto de Granadilla” y rechaza la ejecución de las obras de conexión de esta infraestructura fallida con la carretera TF-1, tal como está previsto, por constituir “un desperdicio de fondos públicos”, asegura el portavoz de la organización ecosocialista en Granadilla, Carlos Mérida.

El partido ecosocialista canario exige al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que escoja entre afrontar la crisis económica y social que se apodera de Canarias a raíz de la pandemia por la COVID-19 o gastar un dinero que se tiraría al mar en una infraestructura inútil y, en parte, iría destinado a aliviar los problemas financieros y patrimoniales del propietario de los terrenos, Antonio Plasencia, actualmente en prisión por el caso Las Teresitas, y que tuvo que poner sus empresas en concurso de acreedores para devolver los fondos robados al pueblo de Santa Cruz en la operación especulativa sobre los terrenos de esta playa, para finalmente asumir el pago de 95 millones de euros de los 97 millones robados mediante la cesión de dos de sus propiedades.

“El puerto de Granadilla nunca debió construirse, porque constituye un atentado ecológico sobre ecosistemas marinos y terrestres que deben preservarse, un daño que no se compensa con los supuestos puestos de trabajo prometidos y no creados; además, han quedado demostradas las dificultades operativas causadas por el viento de la zona, que inutilizan el puerto el 60 % de los días del año y han motivado la retirada inmediata de los escasos clientes que han intentado operar, atracar y permanecer en el puerto; por si fuera poco, la crisis económica y social que se está profundizando en Canarias exige más que nunca un rigor extremo en el empleo de los fondos públicos”, subraya el portavoz de Sí se puede.

Mérida se refiere al inicio del proceso que, de concluirse como está previsto, acabará ejecutando la conexión entre el puerto y la TF-1, “una actuación que está fuera de lugar y es absolutamente innecesaria”. Los mismos calificativos merecen, a juicio de Sí se puede, las otras obras anunciadas en abril pasado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Carlos González, en unas declaraciones en las que expresó su voluntad de continuar gastando dinero público por un valor superior a los 200 millones de euros en la citada conexión, además de en la dársena y la expropiación y obras de urbanización en la zona de reserva portuaria, todas ellas en terrenos propiedad del empresario encarcelado.

Mérida recuerda que en abril de este año Sí se puede ya reclamó el cese inmediato de González, por “ineptitud moral y frivolidad” a la hora de abordar sus responsabilidades de gobierno. “Es una irresponsabilidad que el ministerio decida mantener las obras en el contexto de la mayor crisis por la que han atravesado las Islas en un siglo y con un único resultado concreto, que es atender los intereses de empresarios que no resuelven los problemas de la comunidad y que mantienen prácticas sospechosas”, tal como se evidencia al estar incluida la adjudicación de las obras del dique de abrigo de este puerto en la investigación que sigue el juez Manuel García Castellón en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional por presuntas comisiones ilegales dentro de la Operación Lezo.

A estas presuntas irregularidades habría que añadir el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental del proyecto inicial de las obras, la descatalogación ilegal de una parte de la pradera de sebadal que quedaría sepultada con esta construcción y la falta de aprobación inicial del proyecto por parte del Ministerio de Fomento.

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