Este proyecto muestra carencias tan importantes y tan graves que parece no haber sido revisado por un profesional de la materia, y su presentación supone un ejercicio de irresponsabilidad medioambiental y una insensatez manifiestamente contraria al interés público.
Durante la mañana de hoy, la asociación ecologista Salvar la Tejita ha presentado en la sede del registro general del Servicio de Atención al Ciudadano de El Médano más de doscientas alegaciones dirigidas a la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias en contra de la construcción de instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización en el término municipal de Granadilla de Abona. Dichas alegaciones han sido firmadas por residentes de diversos municipios de Tenerife, y forman de la campaña en contra de la instalación de gas ciudad en la isla, que se está llevando a cabo en distintos municipios por varias asociaciones ecologistas y de vecinos.
Las asociaciones ecologista tienen muy claro que el gas es una tecnología obsoleta, que ya se está retirando en otros países que quieren cumplir sus compromisos contra el cambio climático. A partir del 2030, la Unión Europea, en consonancia con sus directrices, denegará la implantación de sistemas de suministro de energía contaminantes, tales como el gas. Para los firmantes este tipo de decisiones tomadas en el ámbito político, carentes de toda base técnica nos sitúan a la cola de Europa. Soluciones como el gas y el petróleo son recursos limitados y, aunque la llegada al cenit de producción no es tan inminente, sus precios pueden experimentar subidas inasumibles, por eso países como Holanda y Alemania ya están desarrollando planes para su paulatina retirada como fuente de energía.
Entre los motivos alegados contra la instalación de tal infraestructura destaca la ausencia de utilidad pública del proyecto. La propia solicitud de utilidad pública del proyecto ni justifica ni concreta los razonamientos que se deben argumentar para realizar una declaración de este tipo. La asociación considera que existen alternativas de abastecimiento energético más baratas, eficientes y no contaminantes que la solución adoptada en el proyecto, y estiman que desde la administración se está forzando la legalidad para favorecer al sector privado en contra del interés general de la ciudadanía, que en ningún caso obedece a una demanda social.
Los cálculos de viabilidad del proyecto no reflejan, en modo alguno, la realidad física y poblacional de Granadilla de Abona. El número de viviendas y fincas, referidas al municipio, resulta a todas luces, exagerado y falto de estudio. La Asociación ha detectado errores en la exposición del proyecto tan graves como que se ha realizado un ‘copia y pega’ de los proyectos presentados en otros municipios. En concreto, se incluyen en el término municipal de Granadilla de Abona los siguientes núcleos de población: La Higuerita, Guajara, Taco, La Cuesta, etc.
El presente Proyecto incumple en su justificación el Código Técnico de la Edificación que obliga a todas las edificaciones de reciente construcción, desde hace más de una década, a estar provistas de agua caliente sanitaria mediante la instalación de paneles solares. De tal forma, el proyecto incrementa de manera injustificada los consumos de edificación en un sesenta por ciento.
El proyecto carece del preceptivo informe de viabilidad económica que justifique la inversión, de obligado para no contravenir las directrices aprobadas por la Unión Europea, en cuanto a amortización de inversiones y evitar apalancamientos por parte de las Administraciones. Asimismo, el proyecto incumple el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen las directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas.
Por otro lado, la parcela 24 del Polígono Industrial de Granadilla, en la que estarán ubicados los dos depósitos de “aire propanado”, de 49,5 m3 cada uno, está situada a menos de 75 metros de la autopista TF-1, considerada una vía estratégica, según los planes de emergencia en vigor. Esta ubicación incumple la Normativa Básica de Seguridad, en cuanto a protección de viales estratégicos se refiere.
