Un grupo de propietarios de terrenos ‘urbanos no consolidados’ en Arenas del Mar, una zona costera del municipio de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, lleva varios años esperando que el gobierno agilice y apruebe legalmente la urbanización de la zona y les permita construir sus viviendas de forma legal. “Los que quieren construir una casa, de una manera legal, no pueden presentar planos, como la urbanizacion, que no esta aprobada”. Afirman.

Según explican los afectados, muchos de ellos compraron sus parcelas hace años con la esperanza de poder edificar sus casas, pero se encontraron con la negativa del consistorio, que les exige el cumplimiento de una serie de requisitos urbanísticos que consideran desproporcionados e injustos, dificultandolo aún mas con carencia de atención hacia su caso por años.

Algunos propietarios optaron por construir sus viviendas de forma ilegal, arriesgándose a posibles sanciones o demoliciones, mientras que otros siguen esperando una solución que nunca llega. Los afectados denuncian que el ayuntamiento les ha ignorado sistemáticamente y que no les ha facilitado ninguna cita presencial o telefónica para tratar el tema. “Por lo menos, deberian aprobar la urbanizacion para tener las cosas, legalisadas”. Afirman.

Ellos aseguran que Arenas del Mar es una zona abandonada por el ayuntamiento, que no ha invertido en dotarla de los servicios básicos como calles asfaltadas, luz o agua. Por el contrario, critican que el alcalde, José Domingo Regalado “no colabora con la urbanización de este núcleo que nos permita construir nuestras viviendas de forma legal y digna”. Declaran los denunciantes.

Asimismo, solicitan al gobierno que se les reconozca el derecho a disfrutar de su propiedad y de su entorno natural, sin tener que vivir con la incertidumbre y la frustración de no saber cuándo se resolverá su situación.

Los propietarios también se quejan de la lentitud y la burocracia que rodea al proceso de urbanización, que depende de varios organismos públicos. Según afirman, la empresa Ingenia, encargada de redactar el proyecto de urbanización, les confirmó que iban a entregar toda la documentación al ayuntamiento el 25 de julio de 2022, pero les informaron de que también tenían que contar con el visto bueno del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, un organismo autónomo adscrito al Cabildo que se encarga de la gestión unitaria de las aguas de la isla.

Los afectados temen que este nuevo trámite suponga un retraso indefinido en la aprobación definitiva de la urbanización, que según les prometió el ayuntamiento en una reunión en marzo de 2022, se iba a producir antes del verano de ese mismo año. Los propietarios exigen al consistorio que cumpla con su palabra y que les dé una fecha concreta para la resolución del conflicto.

Además, los propietarios solicitaron incansablemente al ayuntamiento que les concediera una cita presencial con el alcalde, José Domingo Regalado, para septiembre de 2022 no siendo esta posible.

Los afectados lamentan que tengan que recurrir a los diputados del común, una institución encargada de defender los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas, para obtener una cita con su propio ayuntamiento.

Los propietarios reiteran que son muchos los vecinos afectados por esta situación, que han invertido mucho dinero en sus terrenos y que quieren pasar página y hacer las cosas bien. Asimismo, expresan su deseo de desarrollar Arenas del Mar cuanto antes y convertirla en una zona habitable y sostenible.

Propietarios acuden al Diputado del Común

Los propietarios han recurrido al Diputado del Común, el defensor del pueblo de la comunidad autónoma de Canarias, para que interceda por ellos ante el ayuntamiento y les ayude a resolver su problema. El Diputado del Común es un alto comisionado designado por el Parlamento de Canarias cuyo fin es defender los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos canarios.

El Diputado del Común se ha dirigido a los vecinos en una carta fechada el 21 de marzo de 2023, en la que les informa de que ha remitido una recomendación al ayuntamiento de Granadilla de Abona, en la que le recuerda su deber legal de actuar eficazmente en el desarrollo de la actividad administrativa y, además, le recomienda que se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, de manera que se garantice la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad por parte de esa corporación local y se acuerde conceder cita presencial al reclamante y se solventen las dudas técnicas y jurídicas que afectan al ejercicio del derecho de su propiedad.

Los vecinos esperan que esta intervención del Diputado del Común sirva para agilizar el proceso de urbanización y para que el ayuntamiento les escuche y les dé una respuesta satisfactoria. Los vecinos aseguran que no van a cesar en su lucha hasta conseguir que se haga justicia con sus terrenos y sus viviendas.