Así lo denuncia La Plataforma Montaña Clara por el Derecho a una Vivienda Digna.

Los responsables políticos tanto de Coalición Canaria en Granadilla como del PSOE en Arona y Adeje, dejan a su suerte a muchas familias con menores en situación de pobreza y exclusión residencial.

Las entidades financieras a pesar de la crisis sanitaria, social, y económica que ha dejado en paro a miles de familias en el sur de Tenerife, siguen ejecutando desahucios sin alternativa habitacional a familias y menores, y sin que se les realice valoración alguna por parte de los Servicios Sociales de cada Ayuntamiento. Tenemos que destacar que recientemente la Plataforma ha realizado una denuncia al Diputado del Común, al verse conculcado sistemáticamente los derechos de los menores y su progenitores, ante la falta de garantía procesales y jurídicas, así como la dejadez e incompetencia  por parte de las administraciones públicas responsables del Área de Vivienda.

La Plataforma Montaña Clara lamenta la falta de compromiso por parte de la clase política en el sur y especialmente señala a los Ayuntamientos de Granadilla, Arona y Adeje, así como al Gobierno de Canarias, ante su dejadez y pasividad con las familias más vulnerables, y denuncian que se sigan ejecutando desahucios sin alternativa habitacional en nuestra Isla, y máxime en una situación de emergencia sanitaria con la COVID-19, obligando a las familias y sus menores, al sinhogarimo, es decir a vivir en la calle.

Montaña Clara por el Derecho a una Vivienda Digna, señala los diferentes acuerdos plenarios que se han aprobado por todos los grupos políticos, tanto en el Cabildo Insular de Tenerife, como en el Ayuntamiento de Granadilla y de Arona, para que no se lleven a cabo desahucios sin alternativa habitacional, así como que se realicen informes de valoración por parte de los Servicios Sociales a las familias. Es lamentable seguir observando como se siguen dejando a familias y menores desamparados, y ver que los acuerdos adoptados en las instituciones quedan en papel mojado, en propaganda.

Es incomprensible como teniendo Canarias más de 130.000 viviendas vacías en manos de los bancos, no se haya llevado a cabo convenio para que miles de familias puedan optar a un alquiler social accesible, o empezar a multar por parte del Gobierno de Canarias y de los Ayuntamientos, a las entidades financieras que especulan con la vivienda vacía, dejando de cumplir con el fin social para la que se creó. Todo esto añadido a la falta de políticas en materia de vivienda, así como la ausencia de regulación del alquiler vacacional, que hace que los precios del alquiler sigan tensionado en el sur de Tenerife, y con ello, la imposibilidad de ver garantizado el derecho a una vivienda digna para miles de familias.

La Plataforma Montaña Clara por el Derecho a la Vivienda, exige a la clase política y a las instituciones que se pongan al frente de esta grave situación de exclusión residencial que padece miles de familias en el sur de Tenerife, donde la crisis sanitaria, ha venido a agravar la situación, con la pérdida del empleo y con ello, la de la vivienda habitual por impago de hipoteca o del alquiler.