La empresa auditora se niega a analizar el estado económico de la empresa pública ante la imposibilidad de acceder a la documentación e información requerida al gobierno.
El pasado 24 de junio de 2019 se analizaba por parte de un auditor independiente el estado de gastos e ingresos de la empresa pública SERMUGRAN correspondiente al ejercicio 2018. Dicho análisis en forma de auditoría es preceptivo antes de la inscripción de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
En este informe los auditores afirman que no pueden analizar el estado de las cuentas debido a la falta de información proporcionada por el gobierno municipal. Entre la documentación que no ha sido aportada, de manera inexplicable, se encuentran las deudas a corto y a largo plazo, las deudas pendientes de cobro, el inventario de la empresa, la confirmación de saldos e incluso las subvenciones recibidas, además de un largo etcétera.
En palabras de la portavoz en materia económica del grupo municipal socialista, María Luz Fernández, esta situación “es un fiel reflejo de cómo no debe gestionarse una empresa pública, financiada con los impuestos de todos los Granadilleros”.
La portavoz expone a su vez que el informe es demoledor y pone de relieve la forma de actuar del grupo de Gobierno conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, “quienes se han convertido en auténticos expertos a la hora de ocultar información, no solo a los grupos de la oposición, sino a los propios ciudadanos y, como hemos visto ahora, a las empresas encargadas de auditar las propias cuentas públicas”.
En dicho informe, la empresa auditora expone que no se le ha facilitado información económica suficiente para elaborar una auditoría con un grado de “seguridad razonable”, no pudiendo obtener evidencias que proporcionen “una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría”.
La concejala granadillera se lamenta de estos hechos ya que, a su juicio, “las empresas públicas deben ser completamente transparentes y tener un comportamiento exquisito en el uso del dinero público debiendo dar cuenta del estado real en que se encuentra la empresa puesto que se financia con el dinero de todos nuestros vecinos y vecinas”.
La oposición ha votado en contra de la aprobación de las cuentas anuales de la empresa pública, ya que es el informe de auditoría el que tendría que poner de relieve que el dinero público se está gestionando de manera adecuada. Solicitaron al gobierno, que votó favorablemente unas cuentas sin auditar, que se les diera traslado de una nueva auditoría que pusiera de relieve el adecuado empleo de dicho dinero. Sin embargo, han trascurrido tres meses y la oposición sigue sin conocer a ciencia cierta qué está ocurriendo en la empresa municipal.
