La Plataforma Montaña Clara ha pedido protección al diputado del común de canarias,  para las más de 970 personas y 480 menores en situación de pobreza y exclusión residencial en San Isidro.

La Plataforma denuncia al Ayuntamiento de Granadilla, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, ante la vulneración de derechos humanos básicos a familias y menores, y ante su gestión negligente en materia de vivienda.

La Plataforma Montaña Clara por el Derecho a la Vivienda Digna, junto a la Asociación de Vecinas y Vecinos, Arguayoda – Las Acacias, han elevado ayer quejas al Diputado del Común de Canarias ante la vulneración de derechos fundamentales a menores y familias.

Entre las quejas que han trasladado, se encuentra la negligente gestión por parte del Ayuntamiento de Granadilla ante la dramática situación que padecen las más de 970 familias y 480 menores, en situación de ocupación de viviendas vacías de entidades financieras. Recordar que a día de hoy la Corporación local no ha dado cumplimiento a los acuerdos adoptados en materia de viviendas y desahucios aprobado hace más de 3 años, con el consiguiente empeoramiento de la situación de las familias afectadas.

La Plataforma ha destacado que a día de hoy, no se han convocado la Mesa de Vivienda con los sectores implicados para empezar a buscar una solución a la situación de exclusión residencial, tal y como recogen los acuerdos. Por otro lado no se  están garantizando derechos fundamentales básicos al agua y la luz a los menores y sus familias, no se está ofreciendo ayudas al alquiler a familias en situación de pobreza y exclusión residencial. También podemos observar como se está vulnerando de manera sistemática el empadronamiento por parte del Ayuntamiento de Granadilla a todas las personas que están residiendo en las viviendas ocupadas, vulnerándose con ello la atención sanitaria, el derecho a las ayudas sociales, y en definitiva a la protección de los menores.

La Plataforma Montaña Clara ha visto como las entidades financieras han empeorado la situación al poner  en marcha un nuevo modus operandi para expulsar a familias y menores sin la menor garantía social y jurídica. Para ellos algunos bancos están utilizado la figura de los seguritas para así controlar las zonas comunes de los edificios, e impedir con ello la entrada y salida al inmueble. Una medida que busca coaccionar a las familias para que  abandonen las viviendas, sin que las instituciones públicas no hagan nada ante esta situación de total desprotección. Esta dramática situación impidió a 14 menores asistir a la escuela, durante 5 días.

Esta denuncia explica como ante la pobreza sobrevenida debido a la crisis financiera de 2008, miles de familias y menores fueron expulsadas de sus hogares ante el impago de hipotecas, que más tarde se trasladó al alquiler, viéndose obligados a autoorganizarse para garantizar un techo a sus hijas e hijos ante la falta de respuesta de Ayuntamientos, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias. Un derecho que viene recogido en la Constitución española en su artículo 47, y que a día de hoy se conculcan a miles de familias y menores en Canarias.

La Plataforma destaca que muchas de estas viviendas vacías están en manos de bancos, fondos buitres, e incluso, vivienda VPO, tanto del Gobierno de Canarias, como de Ayuntamientos, que llevaban décadas vacías, sin cumplir con el fin social al que estaban destinadas, generando con ello, una mayor tensión en el mercado del alquiler y del precio de la vivienda.

También destaca la denuncia el estigma social al que se ven enfrentados muchas niñas y niños al ser señalados como “Okupas”, sufriendo bulling en el ámbito social y educativo; teniendo como consecuencias entre otras, el bajo rendimiento escolar y las dificultades de integración social ante la aporofobia y el racismo reinante.

La Plataforma Montaña Clara junto a la Asociación de Vecinas y Vecinos, Arguayoda – Las Acacias, ha decidido interponer esta denuncia al Diputado del Común,  porque entienden que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, el Cabildo Insular de Tenerife,  y el Gobierno de Canarias, a través de Instituto Canario de la Vivienda, no han tomado las medidas de protección necesarias para que  estos menores y sus familias vean garantizadas sus derechos constitucionales, como así lo están haciendo otros ayuntamientos y comunidades autónomas. Y es por lo que han pedido la defensa a las más de 970 familias y 480 menores que viven en San Isidro, ante la vulneración de sus derechos fundamentales y libertades públicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias; y exigir con ello que se investiguen la actuación de los diversos organismos públicos implicados ante esta gestión negligente y contraria a los derechos humanos.