El Grupo Municipal Más por Arona ha emitido un comunicado este miércoles [14] en el que alerta sobre las intenciones del actual Gobierno de Arona —conformado por PP, CC y Vox— de externalizar la gestión de los centros de mayores del municipio. Según denuncia la formación liderada por Luis García, el Ejecutivo local ha aprobado unos pliegos técnicos que suponen, “en la práctica, la privatización encubierta” de un servicio público que hasta la fecha se encontraba bajo gestión directa del Ayuntamiento.
Desde la oposición censuran las formas en las que se ha llevado a cabo este proceso administrativo, señalando la ausencia de consenso político y la falta de diálogo con los afectados. Más por Arona asegura que la medida se ha tomado “sin consultarlo a las propias asociaciones de mayores” y omitiendo el debido trámite de consulta pública a la ciudadanía, lo que consideran una falta grave de transparencia.
Según la documentación analizada por el grupo opositor, el documento aprobado y expuesto pretende transferir a una empresa privada el “control integral” de todos los servicios que se venían prestando. Esto abarcaría desde la apertura y cierre de las instalaciones hasta la organización de actividades, la programación mensual y la gestión del personal, que pasaría a depender enteramente de la entidad adjudicataria.
Asimismo, el pliego contempla que sea la empresa privada la encargada del cobro a los usuarios y del control económico de los centros. En este nuevo esquema, —aseguran desde la oposición— el Ayuntamiento renunciaría a la gestión pública directa de este servicio social esencial, quedando su papel reducido a una función “meramente fiscalizadora”.
Para Más por Arona, este giro convierte la gestión de un derecho social y público en un “servicio mercantilizado”. La formación advierte que se lleva la externalización al extremo al incorporar el “beneficio empresarial” dentro de los costes del servicio. Además, sostienen que el Gobierno municipal utiliza la excusa de la “falta de personal” para justificar esta decisión, perdiendo así el valor añadido de la gestión con recursos municipales.
Reducción de horarios y servicios
Uno de los puntos más críticos señalados por el grupo de Luis García es el impacto directo que este contrato tendrá sobre los usuarios. Según explican, el pliego aprobado establece un funcionamiento limitado de los centros, concentrando las actividades únicamente en horario de tarde y durante apenas cuatro horas diarias.
“El Ayuntamiento privatiza un servicio público para ofrecer menos atención, menos independencia, menos horarios y menos presencia institucional, entre otras cuestiones”, señala García. El portavoz añade que esta reducción supone una merma real del servicio y “empobrece el valor de los centros como espacios de encuentro comunitario”, anteponiendo “claramente la rentabilidad de un contrato mercantil a las necesidades reales de nuestros mayores”.
Subcontratación y demandas de la oposición
El cambio de modelo no solo afecta a la gestión principal, sino que, según advierte la formación, el pliego permite la subcontratación de los talleres a impartir, la gestión privada de los cobros y la definición de una estructura organizativa totalmente dependiente de la empresa adjudicataria. Esto, afirman, consolida un modelo de “privatización progresiva” de los servicios sociales municipales.
“El gobierno municipal está renunciando a su responsabilidad directa en uno de los pilares del bienestar social. Los centros de mayores del municipio no pueden gestionarse como si fueran un negocio”, afirma el portavoz de Más por Arona.
Ante esta situación, el grupo municipal ha presentado las siguientes demandas:
— Oposición frontal al modelo propuesto por el Gobierno de contratar a una empresa privada para servicios que prestaba el Ayuntamiento.
— Solución pública y directa a la situación de los centros de mayores, manteniéndolos en la esfera de la gestión municipal.
— Transparencia total en la toma de decisiones sobre servicios esenciales y básicos para la población.
— Defensa de los centros de mayores como servicios públicos esenciales y comunitarios.
Para García “atender y prestar servicios a nuestros mayores no puede concretarse nunca en un contrato privado. Es nuestra obligación moral y política hacer prevalecer una gestión pública, cercana y responsable en cualquier servicio público, más cuando el servicio consiste en atender y acompañar a nuestros mayores”, sentencia el portavoz.
