Podemos en Arona se suma a la lucha de ‘El Pueblo tiene hambre’ contra los desahucios y exige alquileres sociales entre otros

La asociación se reunió recientemente con el Diputado del Común por el aluvión de desahucios de familias precarias que se vienen preparando en Tenerife a mano de fondos buitre.

La concejala de Unidas Podemos en Arona, Antonella Aliotti volvió a reunirse recientemente con la asociación El Pueblo Tiene Hambre para ofrecer su total colaboración tras la denuncia presentada por esta organización en las oficinas del Diputado del Común en relación a los desahucios que se vienen preparando en Tenerife a manos de fondos buitre.

Y es que en apenas unas semanas de trabajo han aflorado 130 familias afectadas en Arona, Adeje, Granadilla y Santa Cruz, y se prevén muchísimas más en toda Canarias en los próximos meses, y especialmente a partir del 9 de mayo, fecha en la que finaliza la suspensión que establece el Real Decreto promulgado por el Gobierno el pasado diciembre.

Los actores implicados son de un lado familias con bajos recursos económicos sin solución habitacional alternativa, y de otro lado fondos buitre y entidades financieras similares planteando desahucios en los juzgados “sin atender en muchos casos al Real Decreto vigente”, según denuncia la concejala, quien explica que lo que están haciendo los fondos es “reclamar unas viviendas que compraron a precio de ganga y por las que ahora quieren cobrarse su beneficio, ante la inacción de la empresa pública Visocan y el Gobierno de Canarias”, sentencia.

En este sentido, Aliotti se suma a las exigencias de la plataforma que insta a las administraciones públicas de Canarias a tomar partido explícito por la regulación de la situación habitacional de todas las familias afectadas por procesos de desahucio o desalojo en precario, en la vivienda en la que residen o en su defecto en otra con las mismas garantías que no implique alejar a la familia de su entorno. Y también a que firmen acuerdos de alquiler social con entidades bancarias y similares y retiren, por otro lado, sus depósitos y operaciones económicas de las entidades financieras que mantengan fondos buitre o lleven a cabo prácticas especulativas “tan contrarias a la ética y al bien común como las que estamos viendo en Tenerife”, defiende.