Con los votos a favor de los grupos de PSOE, CxA y CC, y la abstención de PP.
La medida es una de las primeras que se van a tomar para reducir la presión fiscal a la ciudadanía tras confirmar el buen estado de las arcas públicas, con un superávit de más de 17 millones.
Esta acción plurianual, que comenzará a aplicarse en el recibo de 2018, supondrá dejar de ingresar un millón de euros ya en el primer ejercicio.
El Pleno del Ayuntamiento de Arona aprobó ayer (30 de marzo) modificar la Ordenanza Fiscal municipal número 22 y reducir progresivamente el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 4%, una medida que aún tiene que superar el periodo de alegaciones y la posterior aprobación definitiva por el Pleno, por lo que se aplicaría en el recibo de 2018. La bajada de la habitualmente denominada “contribución” ha tenido que esperar a la liquidación del Presupuesto de 2016, que recoge un superávit superior a los 17 millones de euros, con lo que “ya estamos en situación de poder iniciar nuestro compromiso de reducir los impuestos de manera progresiva, realista y legal”.
Raquel García explica que la propuesta aprobada ayer de forma inicial, con los votos a favor de los grupos de PSOE, CxA y CC, y la abstención de PP, supondrá la reducción del tipo de gravamen del IBI en 2 décimas para el ejercicio 2018 y de dos décimas más para 2019 y siguientes. Así, bajará del actual 0,59 a uno de 0,57 para 2018 y 0,55 para 2019 y siguientes. Esto supondrá una bajada media de entre un 3 y un 4 % del recibo cada año.
Como ejemplo, en un valor catastral de 100.675 euros, con un abono de 573 euros, la reducción será de 20 euros en 2018, una cuantía que se doblará al año siguiente. Pero esta cuantía que no parece excesiva, supone dejar de ingresar 1 millón de euros en las arcas públicas ya desde el primer año. “Hemos optado por este porcentaje y su incremento progresivo en un ejercicio de prudencia, para garantizar su viabilidad y que no afecte a la capacidad inversora de la administración, de forma que los resultados de la gestión lleguen a los vecinos no solo mediante las inversiones en obras y servicios, sino también de forma directa por la reducción de impuestos, aunque la presión fiscal por habitante de este Ayuntamiento está por debajo de la media de Canarias”, señala la concejal de Hacienda.
Tras la aprobación inicial, se abre un periodo de información pública de 30 días. Si no se produjeran alegaciones, el acuerdo se elevará inmediatamente al Pleno en la siguiente sesión ordinaria para su aprobación definitiva y aplicación ya en el recibo de 2018. La propuesta aprobada ayer cuenta con los informes favorables del Servicio de Gestión Tributaria y de la Intervención Municipal de Fondos.
Más de 17 millones de superávit
La liquidación del presupuesto 2016, de la que también se rindió cuenta en el Pleno de ayer, refleja que el Ayuntamiento de Arona cuenta con 17.683.809,37 euros de superávit. Este resultado positivo viene determinado por un incremento importante de los ingresos, los cuales superan en 6 millones de euros lo presupuestado para el ejercicio, situándose los derechos reconocidos para 2016 en 99.839.285,44 euros.
Además, destaca la importante mejora en el porcentaje de recaudación, que sube en más de 6 puntos porcentuales respecto a los ejercicios precedentes, alcanzando la cifra de derechos reconocidos su máximo histórico. En el caso del IBI, Arona recauda aproximadamente 23 millones de euros.
Deuda cero
Arona es uno de los pocos municipios de más de 50.000 habitantes con deuda cero. Además, cuenta con un remanente de 49 millones de euros, fondos líquidos de más de 65 millones y una ejecución del presupuesto de ingresos que, en 2016, ha sido del 106,64%, con la supresión total de la deuda financiera de 11 millones y más de 96,8 millones en el capítulo de gastos.
No obstante, al incrementar el gasto en un 7,22% y dado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece un incremento máximo del 1,8%, el Ayuntamiento deberá elaborar y presentar un plan económico financiero que justifique ese incremento, una actuación que, según los análisis técnico-jurídicos, no afecta a la decisión de reducir la carga impositiva.
