Hormiga critica que los gobernantes que adjudicaron la obra de forma temeraria por debajo de coste “ahora intenten quedar bien descargando toda la responsabilidad sobre la empresa”.
Pide que se compense a la ciudadanía del Sur con una partida presupuestaria extra para servicios sanitarios y sociosanitarios.
Mila Hormiga, consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife, critica el “chantaje” que está haciendo la empresa concesionaria de las obras del mal llamado Hospital del Sur, Sacyr S.A., al condicionar la terminación del proyecto al abono de un 10 por ciento más del precio de adjudicación y, al mismo tiempo, critica la irresponsabilidad de los gobernantes del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias que adjudicaron por 7,9 millones de euros una obra que los técnicos habían tasado en 10,4 millones.
Exige en ese sentido que los gobernantes insulares y autonómicos de CC y PSOE “busquen una solución urgente y satisfactoria para el interés general, sin ceder a esta extorsión empresarial ni permitir más demoras en la terminación de este proyecto hospitalario de imperiosa necesidad que debería estar terminado hace décadas”. También pide que se abra una investigación “para depurar responsabilidades políticas y empresariales” por este escándalo y, además, que la ciudadanía del Sur “sea compensada por esta nueva demora con una dotación presupuestaria extra para servicios sanitarios y sociosanitarios que hace mucho que deberían estar en marcha”.
“Por mucho que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y que responsables del Gobierno de Canarias como los consejeros de Sanidad, Jesús Morales, y de Hacienda, Rosa Dávila, sean maestros a la hora de quedar bien en titulares de prensa”, añade Hormiga, lo que subyace detrás de este escándalo “es un problema claro de gestión en las obras públicas de la Isla”. Apostilla que “ha sido habitual que las empresas acabaran cobrando mucho más del precio inicial de adjudicación con la necesaria complicidad de los gobernantes”, fuera por bajas temerarias o por modificaciones de última hora en los proyectos contratados. De ahí que no resulte extraño que empresas como Sacyr sigan repitiendo ese esquema: presentar ofertas por debajo de precio y, una vez que inician los trabajos, pedir el 10 por ciento de incremento de coste que permite la legislación para imprevistos sin necesidad de convocar nuevo concurso. “Qué casualidad que el pago extra que reclama esa adjudicataria sea precisamente de esa cantidad”, remarca.
Recuerda que ocurrió algo parecido con el Hospital del Norte, obra por la que el Cabildo ha pagado hace unas semanas 600.000 euros por trabajos extra y por intereses de demora en el pago. El denominado Caso Carreteras que se instruye en los juzgados, añade, versa precisamente sobre ese tipo de imprevistos en obras cuyo coste total ronda los 15 millones de euros. En cuanto a la complicidad de gobernantes y partidos con ese modus operandi, evoca la carta póstuma en la que la exalcaldesa de Güímar y exconsejera insular Vicenta Díaz relató una trama de corrupción asociada a adjudicaciones del Cabildo. Hormiga atribuye precisamente a denuncias como esa, a la labor judicial contra la corrupción, a la entrada de partidos como Podemos en las las instituciones y al sentido crítico desarrollado por la ciudadanía durante la crisis, “que los gobiernos ahora se corten de entrar en el juego de pagos como el que pide Sacyr”.
E incide en que “ya está bien de que este tipo de irresponsabilidades políticas y empresariales las pague solo la ciudadanía con dinero público y demoras, especialmente cuando lo que está en juego es su salud y su propia vida”. “Si los políticos que se han apresurado a cargar en prensa contra Sacyr han hecho las cosas bien –agrega–, no deberían tener inconveniente en abrir una investigación para aclarar lo que está ocurriendo con esta obra y para depurar posibles responsabilidades”. Concluye que esa “sería la forma de que las empresas se lo piensen dos veces antes de hacer ofertas por debajo de coste con la intención de pedir más dinero cuando empiezan los trabajos y, al mismo tiempo, de que la ciudadanía pueda empezar a confiar en la política”.
