Este martes (22) de abril, se prevé el proceso de demolición de al menos dos de las 350 viviendas en el barrio de Lomo Negro, en Arona, un área donde residen alrededor de 1,000 personas, que se enfrentan a la orden de desalojo, derribo y multas debido a la construcción en suelo rústico protegido. A pesar de la orden emitida por el Gobierno, la jornada transcurrió sin la presencia de fuerzas policiales en el lugar, lo que generó confusión y preocupación entre los residentes.
Claudia Herrera, la primera de las vecinas afectadas con orden de derribo, expresó la incertidumbre en la que se encuentran: “De momento no ha aparecido nadie. No sabemos qué va a pasar, estamos un poquito a la expectativa”. Al igual que muchos otros residentes, Claudia se enfrenta a la amenaza de perder su hogar, aunque reconoce que la construcción de estas viviendas en terreno no urbanizable fue ilegal. Sin embargo, hace hincapié en que “todo Tenerife y prácticamente toda Canarias está construido en el mismo suelo”. “En mi casa somos yo, mi pareja y mi hija. No tengo a dónde irme, y no voy a sacar nada de mi casa porque esa es mi casa. No soy ninguna delincuente, no tengo por qué irme sin una solución”. Además, expresó la frustración de no entender por qué su vivienda, construida en 2019 por su suegra, fue seleccionada para el derribo: “No sabemos por qué nos tocó a nosotros, no es ni la más antigua ni la más nueva”.
Los vecinos han recurrido a bloquear las vías de acceso con vehículos, como medida para evitar la entrada de maquinaria pesada, ante la posibilidad de que sus viviendas sean derrumbadas. A pesar de la situación, Claudia insiste en que no son “okupas”, sino personas trabajadoras que han invertido sus ahorros en su hogar. “Lo único que pedimos es ayuda para solucionar nuestra situación”, agregó.
Rocío, una de las afectadas, relató su angustia al enfrentarse a lo que considera un “acoso policial” constante. “Nos piden documentación como si fuéramos delincuentes cuando no lo somos. Vamos caminando por la calle y nos piden identificarnos, incluso nos mandan a testificar”. Asegura “que somos propietarios, que hemos invertido todos nuestros ahorros en nuestras casas”, explicó Rocío, quien se mostró especialmente molesta por la presencia de fuerzas de seguridad y el uso de drones y helicópteros para vigilar la zona. “No somos okupas, somos propietarios. Nos mandan a declarar al cuartel como si estuviéramos cometiendo un delito”, agregó.
Rocío también subrayó la difícil situación económica de los afectados, que no pueden hacer frente al pago de un alquiler de 1.000 euros: “Nosotros somos tres, pero tenemos hijos también, y no podemos pagar un alquiler tan alto. Hemos gastado todo lo que teníamos en hacer nuestra casa, no somos millonarios”, señaló, dejando claro que la familia está pasando por un momento de gran incertidumbre.
El ayuntamiento “tiene la llave”
“Nosotros lo que pedimos es que, por parte del Ayuntamiento, recalifiquen los terrenos de alguna manera, lo cual pueden hacer”, afirmó Rocío, acompañada de sus vecinos. “No nos vamos a ir a la calle, ¿qué vamos a hacer, vivir debajo de un puente o meternos de okupas?”.
Muchos vecinos de Lomo Negro han pedido a las autoridades locales, en particular a la alcaldesa, que actúen para resolver la situación. “Lo que pedimos, por favor, es que se pongan a trabajar por el pueblo, que somos un pueblo obrero, que no somos delincuentes y que en sus manos está ayudar al pueblo. Y si no saben o no quieren, que dimitan y dejen paso a las personas que realmente quieran ayudar al pueblo”, recordando que sobre la mesa hay más de 1.000 votantes.
“Este asunto no va a quedar en agua de borraja”
Chary, presidenta de la Asociación de Vecinos de Lomo Negro, calificó como “vergonzosa” la reunión mantenida este lunes con la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes (PP), y el nuevo concejal de Urbanismo, Javier Baute (PP). Según Chary, tras varios intentos fallidos de conseguir una cita, decidieron acudir al Ayuntamiento por la cercanía al día de la demolición, pero la alcaldesa les explicó que el asunto era competencia del Gobierno de Canarias, mientras que Medio Ambiente indicó que era el Ayuntamiento quien tenía la “llave”.
Chary expresó su malestar por la falta de respuesta y criticó la actitud del concejal, quien no se presentó adecuadamente. La presidenta de los vecinos también mostró su frustración por la “falta de empatía” de las autoridades locales y advirtió que seguirán luchando por una solución, incluso si deben llevar el caso a instancias internacionales. “Este asunto no va a quedar en agua de borraja”.
Pese a la orden de derribo y la tensión en el núcleo sureño, al cierre de esta edición no se constató presencia policial ni maquinaria para ejecutar la demolición de las propiedades de los dos residentes ya notificados en Lomo Negro, sin embargo, aseguran que se mantendrán en alerta en las próximas horas.
