El Área de Seguridad se reúne con representantes de CEST para informar de las actuaciones en esta y otras materias y para diseñar intervenciones con las aportaciones del sector empresarial.

Los representantes políticos y técnicos del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Arona, acompañados de mandos de la Policía Local, han mantenido este jueves (14 de diciembre) una reunión informativa y de cooperación con representantes del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) para evaluar las actuaciones en materia de control de la venta ambulante y recibir las aportaciones del sector. La Policía Local ha incluido el control de esta venta en la vía pública como parte de su servicio ordinario y permanente, con incautaciones semanales que, durante este año, han supuesto la apertura de 90 expedientes y la retirada de más de 200 kilogramos en productos que, en su mayor parte, son gafas de sol, pareos, bolsos y relojes.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, valoró muy positivamente esta acción como una de las muchas que se están desarrollando, en toda su transversalidad,  para la mejora del destino turístico y del municipio, medidas en las que se ha puesto un especial hincapié para mejorar la experiencia del turista y luchar contra la competencia desleal al sector comercial.

Las concejalas de Seguridad y Policía, Raquel García y Carolina Reverón, respectivamente, acompañadas del edil de Gobierno Abierto, José Antonio Reverón, así como los vocales de la Junta Directiva del CEST Anup Aswani e Inés Grillo, participaron en un encuentro en el que se expusieron las líneas de trabajo que se están desarrollando y de próxima implantación respecto a diversas materias relacionadas con la seguridad ciudadana, con un especial énfasis en la venta ambulante.

La reunión forma parte de los encuentros que se están manteniendo con distintos colectivos sociales, vecinales y empresariales, para conocer las aportaciones “siempre imprescindibles de aquellos que conocen la realidad del día a día de su entorno próximo, un conocimiento enriquecedor para la Policía Local y que permite diseñar estrategias de actuación con la colaboración directa y coordinada con la ciudadanía”, explica la concejal de Seguridad y Hacienda, Raquel García.

En la reunión, se informó de que, solo durante 2017, se han retirado más de 200 kilos y de que se ha habilitado una sala especial extra para decomisos en la oficina de la Policía Local del Centro Cultural de Los Cristianos, que se suma a las ya existentes en la Jefatura, donde se almacenan los productos hasta que finaliza el periodo de reclamaciones.

“Solo en una jornada, los agentes llegaron a retirar de la calle más de 50 kilogramos”, explicó Carolina Reverón, quien valoró que, “semanalmente, se llevan a cabo numerosas actuaciones relacionadas con la venta ambulante, intervenciones que se entienden como parte del servicio ordinario y forman parte de la jornada habitual de la Policía”.

Esta actuación continuada se debe a que el municipio cuenta con kilómetros de paseos peatonales y numerosas avenidas de larga distancia en las que, como ocurre en numerosas ciudades, es difícil controlar a los “manteros”. Para los presentes, “esta realidad obedece a un problema muchísimo más complejo sobre el origen y distribución de los productos”, de ahí que, en la reunión, se acordara solicitar apoyo a la Subdelegación del Gobierno para el control de la entrada de estas mercancías y de las redes que las gestionan.

“Ha sido una reunión muy productiva, que nos ha permitido ver la problemática desde los dos puntos de vista y plantear soluciones alternativas y extra para conseguir un servicio más eficiente sobre esta y otras materias”, manifestó la edil de Policía.

La Ordenanza Municipal de Convivencia, en vigor desde el año 2007, recoge en su artículo 50 que “está prohibida la venta ambulante en el espacio público de cualquier tipo de alimentos, bebidas y otros productos, salvo las autorizaciones específicas. En todo caso, la licencia o autorización deberá ser perfectamente visible. Queda prohibido colaborar en el espacio público con los vendedores ambulantes no autorizados, con acciones como facilitar el género o vigilar y alertar sobre la presencia de los agentes de la autoridad”.

Estas conductas son constitutivas de infracción leve, que se sancionará con multa de hasta 500 euros. Cuando puedan ser constitutivas de ilícito penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador. La norma también establece que los agentes retirarán e intervendrán cautelarmente el género o los elementos objeto de las prohibiciones y los materiales o los medios empleados.

La Ordenanza también recoge la prohibición de “todo tipo de ejercicio comercial en los espacios públicos sin autorización expresa municipal y, en especial, la prohibición del conocido como vendedor de time sharing y el ‘relaciones públicas’ de cualquier tipo de compra, venta, promoción, ofrecimiento de cualquier bien o servicio, o que se inste a visitar, ofertar o proponer visitas a cualquier establecimiento comercial, como restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, pub, inmobiliarias u oficinas de ventas”.

Un municipio turístico de casi 95.000 habitantes

Según la última estadística poblacional de 31 de octubre de 2017, Arona cuenta con una población residente de 94.724 habitantes, de los que un 46% poseen nacionalidad extranjera y tienen más difícil el acceso a un conocimiento efectivo del marco normativo local, regional y nacional. Asimismo, cuenta con una población flotante extensa pero indeterminada, compuesta por personas que residen temporalmente durante el invierno (hasta medio año) o por trabajo, a lo que se suma que el municipio recibe a más de 1,5 millones de turistas al año.