El grupo de gobierno de Arona ha lamentado hoy que este partido votara ayer en contra de crear un órgano propio del Ayuntamiento para impulsar la vivienda pública y ha recordado que la política de este partido en la materia terminó con la construcción, con fondos públicos, de un edificio en La Camella en suelo privado y el pago de una sentencia de 2,7 millones de euros por el incumplimiento del convenio urbanístico. Fue la única promoción impulsada por este partido. Las viviendas se encuentran abandonadas en esta localidad sin poder recuperarse, ya que se concedió la licencia sin que el suelo hubiera sido recepcionado previamente.
El Gobierno de Arona ha lamentado hoy que Coalición Canaria insista en rechazar la creación de un órgano municipal que impulse la vivienda pública para los vecinos y defienda, por el contrario, la política que practicó al frente del Ayuntamiento, cuyo ejemplo más evidente fue la construcción de un edificio en La Camella cuya licencia otorgó este partido en suelo privado no recepcionado, lo que acabó con un edificio abandonado, que no se puede recuperar, y en el pago de una sentencia de 2,7 millones de euros a Visocan, entidad que hizo las viviendas.
El fiasco del edificio de La Camella es una de las sentencias a las que ha tenido que hacer frente en los últimos años Arona por convenios incumplidos heredados de la etapa de Coalición Canaria, cuyo importe total ha ascendido a más de diez millones de euros, que han salido del bolsillo de los vecinos.
Es, además, la única promoción pública con este partido al frente del municipio, ya que el resto han correspondido a gobiernos de otro signo.
De esta forma, el grupo de gobierno ha respondido hoy a la nota hecha pública hoy por Coalición Canaria después de votar ayer en el pleno municipal en contra de dotar al Ayuntamiento de una estructura que permita impulsar la vivienda pública. La posición de este partido se produce tras celebrarse cinco comisiones para hacer propuestas y en las que CC no realizó aportación alguna.
El caso de La Camella se remonta a 2002, cuando el entonces gobierno de Arona firmó un convenio urbanístico con la empresa promotora del Plan Parcial La Camella Baja, denominada Wolding Estudio SL. Por ese acuerdo, esta cedía al municipio una parcela de 1.039 metros cuadrados, correspondiente al 10% de cesión obligatoria que debía percibir.
El 23 de octubre de 2006, el Ayuntamiento de Arona suscribe con la empresa pública Visocan un convenio para la construcción de 35 viviendas de protección social dirigidas a jóvenes y el mismo número de plazas de aparcamiento.
En ese acuerdo se cede para ello la parcela anterior y la corporación asume que removerá todos los obstáculos para que el suelo quede urbanizado y Visocan pueda poner a disposición de los usuarios esas viviendas.
Una licencia para construir viviendas en una zona sin urbanizar
En septiembre de 2008, la Junta de Gobierno Local concede la licencia urbanística para la construcción de estas, a pesar de que ya en esa fecha existía una advertencia del Área Jurídica de Urbanismo en la que se hace constar que el plazo concedido a la promotora para urbanizar la zona había concluido en febrero de ese año sin que esto se hubiera realizado. No obstante, el grupo de gobierno de aquella época siguió adelante y dio el permiso.
Cuando las viviendas se terminaron y Visocan solicitó al Ayuntamiento de Arona el enganche de las viviendas al agua y la luz, este no se podía otorgar, puesto que, tal y como advertía el servicio jurídico, la urbanización nunca se había completado y, por tanto, estas no podían ponerse a la venta, lo que llevó a un litigio en el que la corporación fue condenada al pago de casi 2,7 millones de euros de indemnización.
