Un expediente sancionador que asciende a 100.002 euros por deficiencias “muy graves” en el servicio de limpieza de colegios e instalaciones municipales de Arona permanece sin resolver desde hace más de cuatro meses. Esta situación, expuesta públicamente este lunes por el grupo municipal socialista, coincide con el inicio del curso escolar y afecta de manera directa a un contrato público valorado en más de diez millones de euros que gestiona actualmente la UTE Limpieza Arona.
Según los datos aportados por la formación política, un informe elaborado por técnicos municipales con fecha del 27 de abril de 2026 “propuso imponer dos penalidades” de 50.001 euros a la empresa adjudicataria. Los motivos técnicos esgrimidos para esta propuesta radican en la falta de implantación de un control de presencia del personal en la totalidad de los centros y en no disponer de todos los vehículos comprometidos inicialmente.
A estas irregularidades administrativas y logísticas se suma, según el relato de la oposición, una recurrente ausencia de cobertura en las bajas laborales. Esta circunstancia habría provocado que parte del personal de limpieza afronte turnos en solitario durante periodos superiores a diez días sin contar con apoyo o sustituciones. Ante este escenario, la agrupación ha cuestionado la inacción de la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes (PP), señalando que el gobierno municipal no ha aplicado el correctivo ni ha explicado qué medidas ha adoptado para forzar a la empresa a cumplir las condiciones del contrato, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2025.
El portavoz de la formación, José Julián Mena, ha recriminado la gestión de este procedimiento afirmando que “Los colegios y los espacios públicos de Arona necesitan una limpieza que esté a la altura. Los técnicos reconocieron incumplimientos muy graves y propusieron sanciones, pero Fátima Lemes decidió guardar el expediente en un cajón y dejar pasar los meses sin exigir responsabilidades”.
Por su parte, la concejal Raquel García advirtió que el objetivo de estas acciones no debe ser únicamente sancionador, sino que busca garantizar la correcta prestación de un servicio fundamental para la salubridad pública. “Estamos hablando de la limpieza de los colegios a los que acuden cada día nuestros niños y niñas. El Ayuntamiento tiene la obligación de controlar el contrato, exigir todos los medios humanos y materiales comprometidos y actuar inmediatamente cuando la empresa incumple”, manifestó la edil.
Los antecedentes del servicio muestran que la empresa adjudicataria ya enfrentó en diciembre de 2025 una primera penalización económica de 12.002 euros. Pese a los requerimientos realizados por la administración local, los fallos habrían continuado hasta recibir la calificación de muy graves. En este sentido, Mena concluyó la denuncia sentenciando que “Si el PSOE no hubiera fiscalizado este contrato, estas deficiencias podrían haber quedado ocultas. Ahora sabemos que existían y que los técnicos propusieron sancionar a la empresa. Lo que falta es que Fátima Lemes explique por qué lleva más de cuatro meses sin actuar”.
