El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) ha emitido una alerta sobre las graves deficiencias que enfrenta el sistema de justicia en la comarca sur de la isla.
La Junta Directiva de los empresarios ha expresado su preocupación por la falta de soluciones por parte de las administraciones públicas ante las carencias humanas, materiales y de infraestructura en los partidos judiciales de Granadilla de Abona y Arona.
Estos problemas son especialmente críticos dado el volumen y la relevancia económica de los casos civiles y mercantiles que se tratan en estas jurisdicciones, así como las interminables demoras burocráticas en la ejecución de sentencias.
En junio de este año, el juzgado de Primera Instancia número 1 de Arona colocó un aviso en su puerta informando que había alcanzado el límite máximo de casos recomendado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es de 1.200. No obstante, el 28 de junio, el CGPJ rechazó una solicitud para un refuerzo transversal en los juzgados de instrucción números 1, 2, 3, 4 y 5 de Arona, denegando tanto la autorización económica como la ampliación de recursos humanos.
Javier Cabrera, presidente del CEST, ha lamentado que tanto la administración de justicia estatal como la autonómica no hayan adaptado sus servicios para garantizar la eficiencia y el acceso universal a la justicia, en vista del crecimiento poblacional y la complejidad de los casos en la comarca sur. Cabrera destaca que Adeje ha visto un incremento del 72% en su población en los últimos 24 años, San Miguel de Abona un 67.6%, y Arona un 54% en lo que va del siglo. Según Cabrera, el juzgado de Arona es uno de los más “complicados” de Canarias, y carece de las herramientas adecuadas para gestionar esta complejidad.
El CEST recuerda que el partido judicial de Granadilla se encuentra entre los que presentan peores condiciones de trabajo y gestión en todo el país. Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), los cuatro juzgados en este partido están oficialmente colapsados y no reúnen las condiciones mínimas para un trabajo efectivo.
“Uno de los juzgados contaba, por ejemplo, en un informe del TSJC, con 6.000 escritos sin tramitar por los que esperan profesionales del derecho y ciudadanos que quieren hacer efectivo su acceso a la justicia”, asevera Cabrera, y señala que no solo son necesarios más profesionales y recursos materiales, sino que también es urgente construir un palacio de justicia acorde a las necesidades del partido judicial.
Además, el representante de los empresarios critica la decisión adoptada en mayo de ubicar el juzgado número 5 de Granadilla en San Isidro con un presupuesto de 1.3 millones de euros, calificándolo de “despropósito y un desastre organizativo, porque contribuye aún más a la dispersión, descontrol y el bloqueo que ya padece el juzgado de Granadilla”. Según los profesionales de la justicia.
Por otro lado, en Arona, aunque se dispone de un edificio moderno con capacidad para 16 juzgados “solo se han creado la mitad y aún hay espacio para cinco juzgados nuevos más”, señala Javier Cabrera, al mismo tiempo lamenta la ausencia de un juzgado de lo social y compara la situación con Gáldar, en Gran Canaria, que, “pertenece al partido judicial de Santa María de Guía y esa zona tiene menos relevancia económica y poblacional que la del partido judicial de Arona, sin embargo sí cuentan con uno; bravo por el político de la isla hermana que lo logró”.
Finalmente, el CEST resalta que la sala del decanato, crucial para el funcionamiento adecuado de los juzgados, lleva años sin un funcionamiento óptimo debido a la falta de personal. Cabrera concluye que la “falta de voluntad política y de compromiso institucional” con las necesidades del sur de Tenerife está impidiendo la implementación de soluciones y mantiene a la comarca en una situación de estancamiento que lleva décadas afectando a los ciudadanos.
