Roberto Ucelay: “El Gobierno canario debe ser flexible, si se obliga a abonar los impuestos el próximo lunes muchas empresas no se tendrán en pie”.
Ampliar al plazo de presentación para pymes y autónomos, hasta el 20 de julio, de la declaración y pago de los impuestos referidos al primer trimestre de 2020; hasta el 20 de octubre los correspondientes al segundo trimestre del IGIC y de los demás impuestos, hasta el 20 de diciembre las presentaciones y pagos correspondientes al tercer trimestre y al 20 de febrero de 2021 para los abonos del cuarto trimestre. Estas y otras medidas, planteadas con el objetivo de ayudar de forma efectiva a autónomos, profesionales y empresas -especialmente afectadas por la inactividad del sector turístico- han sido trasladadas por el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno canario.
Entre otras propuestas, y dado el fuerte impacto que la crisis provocada por la COVID-19 está teniendo en las grandes empresas -obligadas a presentar las autoliquidaciones mensuales del Impuesto General Indirecto Canario- desde el CEST se ha solicitado la suspensión de dichas liquidaciones mensuales hasta que finalice el estado de alarma. En esta dirección, los empresarios piden que aquellas a las empresas que no dispongan de liquidez se les amplíe el periodo de pago o fraccionamiento del resultado de las autoliquidaciones, sin necesidad de aportar garantías y sin devengarse los intereses de demora.
Entre otras medidas, el Círculo de Empresarios del Sur solicita además la exención del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para las operaciones firmadas hasta el 30 de julio, así como una ampliación -hasta el 30 de julio de 2021- del plazo para materializar Reserva de Inversiones (RIC) del año en curso.
Según el presidente del CEST, Roberto Ucelay, “la suspensión de la actividad económica, con especial incidencia en el sector turístico, justifican la necesidad de recabar el apoyo del Gobierno canario”. “Una manera verdaderamente efectiva de ayudar a empresas, profesionales y autónomos”, ha señalado Ucelay, “exige flexibilidad por parte de las Administraciones para que el cumplimiento de las obligaciones tributarias no sea un muro insalvable que finalmente impida la continuidad de dichas empresas”.
