El informe de liquidación del presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Arona en 2018 indica que, habiendo cancelado la totalidad de la deuda proveniente de mandatos anteriores y habiendo bajado los impuestos, la corporación cumplió tanto con el Plan Económico y Financiero como con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, alcanzando las cuentas municipales un nivel de ejecución que se situó en el 98,4% del límite establecido por la regla de gasto.
El alcalde de Arona, José Julián Mena, destaca que “hemos saneado totalmente las cuentas del Ayuntamiento de Arona, incluso bajando los impuestos a los vecinos, quedando con un remanente de tesorería importante, que nos aporta un músculo fundamental para afrontar los proyectos que ya tenemos en marcha y en los que, en vista de la buena situación financiera de la corporación, podremos seguir invirtiendo en los próximos años”.
Si la regla de gasto a la que están sometidas todas las Administraciones Públicas españolas permitía el año pasado al Ayuntamiento de Arona gastar algo más de 87,94 millones de euros, este utilizó de esos recursos casi 86,55 millones para servir al conjunto de los ciudadanos del municipio, lo que supone un porcentaje real de ejecución presupuestaria del 98,4%, según refleja el informe de liquidación de las cuentas municipales de 2018, una elevadísima cifra de ejecución.
Todo ello, además, se produce en un contexto en el que el Ayuntamiento redujo la carga fiscal a sus vecinos, bajando la contribución (el Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI) y en el que cumplió tanto con el Plan Económico Financiero (PEF) como con la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que contiene la conocida como “regla de gasto”.
Eso no fue un obstáculo para que en los seis primeros meses de 2018 se alcanzara, incluso, el máximo de inversiones en muchos años, con 8,5 millones de euros, más que en todo 2017 y que la suma de los tres ejercicios anteriores.
Ya en el inicio del mandato, además, la corporación había procedido a pagar la totalidad de los préstamos heredados de los anteriores, por lo que, a día de hoy, el municipio se encuentra en una situación de deuda cero.
Al haber cumplido con todas las limitaciones que establecen tanto el PEF como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Ayuntamiento podrá ir destinando el remanente de tesorería a inversiones financieramente sostenibles, tal y como establece la legislación.
José Julián Mena: “El músculo necesario para seguir avanzando”
A este respecto, el alcalde de Arona, José Julián Mena, ha explicado que “hemos saneado totalmente las cuentas del Ayuntamiento, incluso bajando los impuestos a los vecinos, quedando con un remanente de tesorería importante, que nos aporta un músculo fundamental para afrontar los proyectos que ya tenemos en marcha y en los que, en vista de la buena situación financiera de la corporación, podremos seguir invirtiendo en los próximos años”.
Mena ha enumerado que “por delante tenemos proyectos como el centro residencial de mayores de Arona, la piscina de Cabo Blanco, el Centro Cívico de Buzanada, el nuevo edificio administrativo municipal, aparcamientos, la acometida de la red de saneamiento o plazas y parques como Los Asientos, Antonio Correa o Las Rosas, entre otros, para los cuales podemos decir que contamos con músculo financiero suficiente”.
Por su parte, la teniente de alcalde y concejala del área de Hacienda, Raquel García, ha subrayado “lo fundamental que ha sido cumplir con el Plan Económico Financiero, el cual supuso en 2018 una no disposición de créditos de casi 2 millones del presupuesto. Arona no puede permitirse dos años más limitando su crecimiento por una norma, que entendemos injusta pero que hay que cumplir. Por ello, nos pusimos como tope de gasto el de esta norma y hemos cumplido con un 98,4 % de su ejecución”.
No obstante, la edil ha insistido en que “debemos pedir al nuevo Gobierno, una vez más, que flexibilice las condiciones de corporaciones saneadas, sin deuda y que cumplen con todos los indicadores, como Arona, la cual no se puede ver constreñida a las mismas reglas que otras administraciones o corporaciones a las que, quizá por su situación, sí tienen que ajustar su nivel de gasto. No tiene sentido que se dé el mismo trato a unas y a otras, por lo que esperamos una flexibilización”.
