Noticias Tenerife Arico ve inaceptable que Javier Rodríguez rechazara la compensación por el vertedero teniendo un informe “que no le respaldaba”

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Arico ve inaceptable que Javier Rodríguez rechazara la compensación por el vertedero teniendo un informe “que no le respaldaba”

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El contenido de este no especifica, como él afirmaba, que el Convenio de las Deseconomías sea incompatible con la ayuda que ya se recibe.

El equipo de Gobierno de Arico, este lunes, ha podido confirmar lo que ya habían avisado durante varias semanas y es que “el informe acerca del Convenio de las Deseconomías no avala la postura del consejero insular del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina”. En este sentido, ha señalado que “si no es incompatible con los 700.000 euros que recibe Arico, el argumento que lleva utilizando Rodríguez Medina durante los últimos meses no se sostiene”.

El alcalde del municipio, Sebastián Martín, asegura que “como hemos reiterado en múltiples ocasiones, no se trata de una ayuda que nos da el Cabildo, es un derecho de los vecinos a ser indemnizados por soportar el PIRS cerca de sus casas”. A la vez, ha expresado “queremos pensar que el presidente del Cabildo se pronunciará y esperamos que cuando fechen la reunión entre ambas Administraciones esté presente y tome la decisión correcta”.

Martín aseguró que “Nosotros no queríamos pensar que la decisión de dar por rescindido el Convenio era una decisión basada en los colores políticos, pero tras esta información no nos cabe duda”. Asimismo, ha lanzado un mensaje al consejero insular, Rodríguez Medina, y al Presidente, Pedro Martín, instándoles a dar explicaciones ahora que el contenido del documento técnico se ha hecho público contradiciendo sus declaraciones.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Juan José Armas, tachó de “falta de respeto” los acontecimientos que se están sucediendo con respecto al Convenio de las Deseconomías del PIRS. “Primero nos dicen que no existe dicho convenio, luego se escudan en que está caducado porque lo dice un informe técnico y ahora que por fin sabemos que en él no se refleja esa incompatibilidad que han afirmado ¿ahora cuál va a ser su excusa? Como vecino de Arico me indigna que se juegue con nuestros derechos” sentenciaba Armas.

Cabe destacar que Rodríguez Medina ha dicho en reiteradas ocasiones que ese Convenio estaba caducado desde el año 2018 y que, en base a la legislación vigente, dos subvenciones no son compatibles. “Ha quedado demostrado que el PSOE de Tenerife se mueve por intereses políticos y no quiere compensar a los vecinos de Arico” ha declarado Andrés Martínez segundo teniente de alcalde del municipio. A estas declaraciones ha añadido que “los ariqueros tienen que soportar tener un vertedero cerca de sus viviendas, que recordemos recoge la basura de toda la isla, con lo que eso conlleva y aún así el Cabildo decide que no merecen ser indemnizados por ello”.

En esta línea, el también concejal de Urbanismo y Medio Ambiente denunció que el PSOE de Arico “no podemos entender por qué quieren entrar en una guerra de partidos, nosotros solo queremos lo mejor para Arico y vamos a seguir luchando por una compensación justa”.

El Convenio de las Deseconomías, un acuerdo compensatorio justo entre las Administraciones

El 27 de octubre de 2000 el Pleno de la Corporación Insular aprobó el Convenio de Colaboración entre esta Administración y Ayuntamiento de Arico cuyo objeto era instrumentalizar el destino finalista de la compensación por la ubicación en el territorio municipal de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. En dicho Plan se contempló la realización de diversas operaciones tendentes a la reurbanización y reequipamiento de núcleos, mejora de infraestructuras en suelo rústico, desarrollo de vivienda y conservación de patrimonio natural, histórico— artístico etc, con un valor de más de un millón de euros al año hasta un máximo de en torno a diez millones de euros.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Arico solo recibe en torno a 700.000 euros de un segundo convenio aprobado en el año 2010 que aún sigue en vigor. De esa cantidad, el ayuntamiento tiene que pagar algo más de 250.000 euros por la utilización del vertedero de sus propios servicios municipales.

 

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