Ejecutivo y empresarios constituirían una mesa de trabajo para abordar la revisión del Reglamento de Actividades Clasificadas.
Atendiendo a la solicitud formulada por el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias estudia una modificación en profundidad del actual Decreto de Restauración. En esta dirección, el Ejecutivo se ha comprometido a dar una respuesta en las próximas semanas a una demanda que el CEST, junto a la Asociación Zona Centro de Santa Cruz y Facua, entre otros colectivos, ha venido planteando en nombre de empresas y profesionales que consideran “necesario e inaplazable” una reducción del marco normativo que ordena dicha actividad, considerado por el sector como “excesivo”.
Desde el CEST se celebra que la Administración haya sido sensible a una reivindicación compartida por quienes desarrollan esta actividad. En esa dirección, se recalca que “los responsables de la Consejería de Turismo han estudiado con detalle la problemática, concluyendo en línea con lo planteado por el CEST que el actual decreto deja sin respuesta a una infinidad de situaciones y, lo que es peor aún, complica sobremanera el día a día a empresarios y profesionales al entrar en contradicción con otras normativas”.
El sector coincide mayoritariamente en que el decreto incluye un catálogo de exigencias “tan innecesarias como prescindibles que, como se ha demostrado durante la vigencia del mismo, en modo alguno mejoran las prestaciones o los servicios que reciben los clientes y, sin embargo, multiplican las dificultades a miles de autónomos y empresarios titulares de bares, cafeterías y restaurantes para iniciar o consolidar un negocio”.
En este orden de cosas, desde el CEST se pone especial énfasis en los problemas que, entre muchos otros, provoca que en distintos aspectos las exigencias del Decreto supera con creces los requisitos para los establecimientos pequeños.
Creen los empresarios y profesionales del Sur que “al exigir inoportunamente más espacio para cumplir con la normativa se está restando superficie inicialmente destinada al uso y disfrute de los clientes y del público en general”.
Como se recordará, el Gobierno se había comprometido con el CEST a analizar y en su caso modificar, como así se ha decidido finalmente, el Decreto 90/2010, de 22 de junio, que regula la Actividad Turística de Restauración. La necesidad de definir mejor las competencias, para acabar con las duplicidades que ha provocado la redacción de la regulación vigente, ha sido unas de las razones que han provocado que los responsables autonómicos hagan suyos los argumentos de empresarios y profesionales. Entre otros motivos, también ha pesado en la decisión de modificar el decreto que algunos aspectos del mismo sin redundar en una mejora del servicio entorpecen significativamente el día a día de un sector que genera miles de puestos de trabajo.
Por otro lado, desde el CEST se valora que la Consejería de Presidencia y Justicia esté trabajando en la mejora de la interpretación del Reglamento de Actividades Clasificadas, 83/2013, con el objetivo de que la misma sea uniforme en los 88 municipios de las Islas.
Una mejor definición de la reglamentación respecto a actividades con música y aperturas o la oportunidad de unificar los criterios que se vienen aplicando por los distintos ayuntamientos, así como la conveniencia de que sea un técnico especialista quien se haga cargo de la medición de los ruidos, son algunos de los problemas que, a juicio del CEST, justifican la revisión del decreto. En este sentido, se recuerda que las directrices europeas proponen una menor regulación, recayendo en el autónomo y en el empresario dicha responsabilidad.
En el transcurso de la reunión mantenida por el CEST con el Gobierno canario, tanto con representantes de la Consejería de Turismo como de Presidencia y Justicia, también se acordó constituir una ponencia formativa, con la participación del Cabildo de Tenerife, los Ayuntamientos de la Comarca Sur y Ayuntamiento de Santa Cruz, sobre el Reglamento de Actividades Clasificadas. El objetivo es que técnicos, juristas, responsables públicos y empresarios puedan conocer la norma “ya que la interpretación en los 88 municipios del Archipiélago es diferente en muchos casos”.
Considera el CEST que es imprescindible mejorar la seguridad jurídica en la regulación de estas actividades, así como que se cuente con una sola norma y un único criterio.
