El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) cree que la Disposición Transitoria Séptima atenta contra el modelo turístico y exige que se dé salida a las urbanizaciones inacabadas o a bolsas de suelo cuyo uso ha quedado desfasado.

Los empresarios apoyan las líneas maestras pero denuncian que hay ayuntamientos sin capacidad para abordar las competencias que el texto les atribuye.

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), ve en el proyecto de la Ley del Suelo, actualmente en tramitación parlamentaria, una magnífica oportunidad para hacer realidad un nuevo marco legislativo que según los empresarios y profesionales “se está demandando y necesitando hace más de diez años”. En esta dirección, el CEST considera un acierto que se impulse una normativa que simplifique, racionalice y actualice el marco legislativo “abriéndose así las puertas a unas leyes adecuadas que faciliten un desarrollo responsable de la actividad económica sobre nuestro territorio”. “La necesidad de combinar la conservación de nuestros valores medioambientales con un impulso ordenado y decidido del desarrollo económico hacen del proyecto de Ley una herramienta imprescindible”, apuntan.

Los empresarios del Sur coinciden “con la filosofía que define el proyecto de Ley y especialmente en la interpretación que hace del principio de desarrollo sostenible, en cuanto debe suponer”, recalcan, “un punto de equilibrio entre la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sobre nuestro territorio, facilitando la actividad económica y social en los suelos aptos para su desarrollo o recuperación, favoreciendo la generación de empleo y el aprovechamiento de los mismos  sin merma  de  la protección de nuestros valores naturales  ambos elementos   totalmente compatibles”. De cualquier forma, advierten desde el CEST, que aunque estos objetivos aparecen correctamente plasmados en el preámbulo del proyecto “no están suficientemente reflejados en su articulado, apreciándose en esa regulación cierta contradicción con los principios rectores enunciados en la parte expositiva”.

En este orden de cosas, el Círculo del Sur considera que la simplificación y agilidad en la gestión del territorio pueden verse truncados al “volcarse” en los ayuntamientos el diseño de la tramitación y aprobación de los planes e instrumentos de ordenación. “Esto nos genera preocupación”, señalan, “haciéndonos dudar de si por ese camino se logrará de forma verdaderamente efectiva la agilidad pretendida”. Entiende el CEST que algunos municipios del Sur de Tenerife, y de Canarias en su conjunto, no disponen de medios materiales y personales suficientes para afrontar la responsabilidad que el nuevo texto les atribuye. “Existen dudas más que razonables sobre el hecho de que la mera enunciación de los deberes de colaboración interadministrativa, cooperación y asistencia mutua que se contemplan en el texto baste para garantizar la aplicación práctica, sin demora y eficiente de sus postulados”, advierten.

En este sentido, señalan los empresarios que es necesario disponer de la mayor  certeza y garantía jurídica en relación con los proyectos, planes o normas que se aprueben, así como en lo que atañe a las autorizaciones de uso que se concedan. “Deben contar con suficiente respaldo y soporte jurídico, requisito que puede verse  en entredicho ante la supresión por el nuevo texto legal de los controles de legalidad que venían siendo atribuidos a la Comunidad Autónoma de Canarias”, señalan desde el CEST.




Los empresarios del Sur consideran especialmente interesante que en el proyecto se fije el objetivo de contención en el consumo de suelo rústico y que paralelamente se contemple una regulación permisiva de sus usos. “Salvando, eso sí, el de protección ambiental”, recalcan. A juicio de los empresarios, de esta forma se permite que este suelo contribuya a la creación de empleo y riqueza, compartiendo además con carácter general el compromiso de garantizar la generación de  rentas complementarias que consoliden el sector primario para su propia supervivencia.

Por lo demás, creen los empresarios y profesionales del Sur que están quedando fuera del texto normativo realidades urbanísticas que en Canarias son una constante y que en el Sur de Tenerife constituyen en algunos casos situaciones de indudable  gravedad. En este sentido, reclaman que “las urbanizaciones inacabadas carentes de posibilidad alguna de desarrollo y culminación merecen una respuesta por el legislador autonómico”. Por otro lado, la existencia de bolsas de suelo en urbano consolidado en muchos de nuestros municipios sin posibilidades de desarrollo adecuadas a las nuevas realidades sociales y económicas, consecuencia del desfase que el transcurso del tiempo ocasiona respecto de los usos inicialmente previstos, así como la rigidez del procedimiento previsto para adaptar el planeamiento a las nuevas circunstancias son elementos que, según el CEST, “conducen a la petrificación del desarrollo urbanístico de estos suelos, perdiéndose así muchísimas oportunidades a la hora de generar economía y puestos de trabajo”. “Esta iniciativa legislativa debería dar respuesta a estas realidades existentes, ofreciendo soluciones óptimas que den satisfacción tanto a los intereses públicos como a los particulares”, añaden.

La redacción de la Disposición Transitoria séptima del proyecto de ley es, para el Círculo, “manifiestamente mejorable en tanto en cuanto la misma supone atentar contra el modelo turístico canario que tanto éxito nos ha dado”. “El contenido de  dicha disposición transitoria supone atentar contra el principio de unidad de explotación”, principio que a juicio del CEST ha sido el garante de la calidad hotelera y que supone un elemento de seguridad jurídica para nuestros clientes turísticos.

Creen los empresarios que de aprobarse tal como está redactada esta disposición supondrá el principio de la residencialización de los establecimientos turísticos, cuya consecuencia inmediata –señalan- sería su destrucción como empresa y como actividad económica “con la consiguiente perdida de los empleos, destrucción de puestos de trabajo y que supone una clara contradicción con los principios recogidos en el proyecto de ley en cuanto a generación de riqueza y bienestar social”. En este punto, el CEST no entiende lo que los empresarios catalogan como una “intromisión de una materia eminentemente turística en un proyecto de Ley del Suelo.

Desde el CEST se señala que sus principales preocupaciones apuntan al riesgo de que una vez mas un proyecto sin duda necesario pueda quedar truncado “por un resultado que finalmente no logre la necesidad de simplificación, desarrollo y seguridad  jurídica que reclama el territorio en Canarias”.