Se trata de una pareja italiana residente en el sur de Tenerife con una niña de 2 años a su cargo, que  tras semanas presentando dificultades para acceder a una vivienda entran en contacto con un señor que se identifica ante ellos como gestor de una inmobiliaria y les alquila una vivienda en la zona de Miraverde en Adeje, vivienda por la que pagan en mano al supuesto agente inmobiliario 1.500 euros por 3 meses.

El supuesto agente inmobiliario les firma un recibo por el importe con el compromiso de enviarles por correo electrónico el contrato de alquiler, cosa que nunca ocurre.

Cuando llevan varios días instalados en la vivienda, este sábado 19 de marzo, observan con sorpresa que un matrimonio alemán quiere entrar en la vivienda aduciendo que la han alquilado por unos días en la modalidad de alquiler vacacional.

Ante esto la madre decide ir a la Policía a denunciar lo ocurrido en vistas de que pudieran haber sido víctimas de un engaño.

La Policía no parece solucionarles nada y unos minutos después se presentan en la vivienda, hacen salir al padre y se lo llevan detenido previa inmovilización violenta en el suelo frente a su mujer y su hija, al parecer por un supuesto delito de allanamiento de morada.

La madre observa desde la puerta con su niña en brazos bastante asustada, y cuando su pareja le dice que se encierren en casa un policía intenta evitar que cierren la puerta y en el forcejeo, según versiones de la familia y de los colectivos implicados, golpean con la puerta en la cara a la niña sufriendo lesiones leves en los pómulos y en un dedo del pie.

A continuación tenemos la versión de la Policía afirmando que la madre amenaza con hacerle daño a su hija si no sueltan al padre, versión que hemos visto publicada en algunos medios.

En ese trance la madre llama a una activista social del sur de Tenerife y esta acude al lugar y empieza a mediar, varias horas después la madre accede a ir a hacerse una revisión psicológica al hospital como le piden desde fuera, dejando a la niña con la activista social sola en el apartamento durante horas sin que ni la Policía, ni nadie de Menores o de Servicios Sociales tomen las garantías mínimas para la custodia de la menor.

Durante la madrugada del sábado al domingo sueltan al padre con una citación para este lunes y detienen a la madre en cuanto sale del hospital.

El padre acudió en la tarde del domingo a un centro médico para que valoraran las lesiones de su hija en la cara y en el pie, presentando el parte médico que confirma las lesiones.

El padre y la niña han permanecido este domingo en el apartamento, sin agua ni luz eléctrica, puesto que ambos suministros han sido cortados, al parecer por los vecinos de la urbanización, una comunidad de residentes y turistas alemanes ricos.

No se tiene constancia, o al menos yo no la tengo, de que haya aparecido denuncia alguna de ningún propietario legítimo de la vivienda.

Hoy lunes el  padre está en los juzgados sin traductor ni asesoramiento legal ninguno. La madre continúa a esta hora del lunes detenida en los calabozos de la policía, casi 48 horas después, sin que se sepa de qué se la acusa.

Narrados los hechos, sin entrar a valorar si la familia accedió a la vivienda sabiendo o no que estaban alquilando una vivienda ilegalmente, está clarísimo que hay una desproporción en la aplicación de la ley por parte de la Policía, en la violencia que parece que utilizaron con el padre para detenerlo, en la violencia en el forcejeo con la madre que parece que terminó afectando a la niña, o en tener a la madre dos días detenida en un calabozo, cuando no parece ser una amenaza para nadie ni mucho menos para su hija, cómo se observa en el vídeo que adjunto a este escrito de denuncia.

Tampoco parece que se tuvo en cuenta por parte de la Policía que fue esta pareja la que primero acudió a denunciar, cosa que no parece muy normal si realmente estaban cometiendo un allanamiento de morada conscientes de ello.

No hablemos ya de las irregularidades que parecen haberse cometido al dejar a la niña tantas horas al cargo de una persona que no es familia, o en la falta de traductores, de asesoramiento legal o de presencia de los servicios sociales municipales.

Seamos claros, todo esto les está pasando porque son pobres, además de extranjeros, y encima están con problemas de vivienda.

Dicho de otra manera: ¿actúa la policía igual, con la misma rigurosidad, con la misma violencia pública y explícita cuando se trata de un político corrupto o de un empresario mafioso? ¿Recuerdan cómo se llevaron a Rodrigo Rato detenido por la estafa multimillonaria?.

Y se actúa así porque la sociedad en su conjunto ha asumido el cuento de la derecha y la ultraderecha qué dicen que todas las personas que tienen problemas de vivienda y ocupan una casa son delincuentes o gente de mal vivir que no quieren trabajar.

Esto tiene un nombre: se llama aporofobia o criminalización de la gente pobre por el simple hecho de ser pobres, una aporofobia que se acentúa aún más si la persona en cuestión tiene problemas de vivienda, por la campaña mediática que llevamos soportando durante años en España.

Pero da la casualidad de que en Canarias el 30% de la población o más es pobre, y muchos más que lo van a ser en el futuro por el camino que llevamos, y tampoco hay vivienda para casi nadie.

¿Es este el tipo de actuación policial que queremos que se aplique con toda la población pobre que hay en Canarias en cuanto haya una mínima irregularidad?, ¿Dónde está la dignidad de la persona?, ¿Dónde la presunción de inocencia?

En fin, vaya por delante esta denuncia pública, por si puede ayudar en algo, a llevar un poco de sensatez, de cordura y de humanidad a esta sociedad canaria nuestra, y un poco de valentía también de paso a esta cobarde y acomodada clase política que tenemos, a ver si de una vez por todas se ponen a trabajar por el derecho a la vivienda, frenando la actividad especulativa desmedida de los fondos buitre, expropiando vivienda vacía a grandes tenedores, comprando vivienda vacía asequible por la ley de tanteo y retracto, fiscalizando y limitando la actividad del alquiler vacacional, poniendo orden en el caos de gestión que tienen tanto el ICAVI como Visocan o controlando a las mafias de la ocupación, entre otras medidas urgentes y necesarias.