Concepción lamenta que haya que esperar mínimo seis meses para regularizar una explotación que incurre en pagos en negro, contratos fraudulentos, deudas a la plantilla y despidos improcedentes.
La sociedad Casino Playa de Las Américas ha admitido la queja del grupo insular Podemos contra las graves irregularidades empresariales y laborales detectadas en la empresa que explota el servicio de restauración y bar de este casino dependiente del Cabildo de Tenerife y, tal y como había requerido la formación morada, estudia rescindir ese contrato y sacarlo a concurso. Sin embargo, la regularización de este servicio se demorará durante mínimo seis meses.
El consejero de Podemos Julio Concepción comunicó a esta sociedad pública el pasado mes de marzo que la empresa externa que explota ese servicio en el casino de Las Américas “realiza una gestión lamentable y precaria de este recurso” y que “incumple la legalidad y las obligaciones pactadas en el convenio provincial de hostelería tanto en materia empresarial, como en las pésimas condiciones laborales de la plantilla”. Entre otras irregularidades, alertó de “pagos en dinero negro, sueldos impagados, contrataciones en fraude de ley, despidos sin pago de las liquidaciones correspondientes y menos días de libranza de lo que procede legalmente”.
El gerente del Casino Playa de Las Américas ha respondido al consejero de Podemos a través de la Dirección Insular de Hacienda del Cabildo que, efectivamente, este servicio no se ha sacado nunca a licitación, sino que lo explota una empresa que tenía un bar alquilado en el mismo hotel en el que se ubica el casino y cuyo local fue anexado a la instalación insular durante una ampliación. El empresario aceptó esa cesión a cambio de explotar el bar del casino a través de un contrato de alquiler que se prorroga cada año, “de forma que para resolverlo unilateralmente, este casino tendrá que preavisar con seis meses de antelación”.
Además, el gerente ha comunicado a Concepción que de tomarse la decisión de romper este contrato, se podría también sacar a licitación la explotación del bar del casino, “para lo cual se procedería a preavisar al arrendatario dentro del primer semestre del presente año”. Sin embargo, en lo que respecta a la solicitud de que sean readmitidos los trabajadores que han despedidos de forma irregular del servicio de bar durante el último año, el responsable del casino ha respondido que “es una cuestión entre éste (el arrendatario) y sus trabajadores, pues Casino Playa de Las Américas no tiene ninguna relación laboral con los mismos”.
Concepción valora positivamente que los responsables de esta sociedad del Cabildo hayan estimado su denuncia, que hayan empezado a estudiar la rescisión de este contrato y, además, que estén dispuestos a regularizar esta explotación a través de un concurso público de libre concurrencia, “que es como deben adjudicarse todos los servicios en las empresas y administraciones públicas”.
Pero echa de menos medidas concretas para investigar y pedir responsabilidades a esta empresa por sus irregularidades y, además, para fiscalizar al resto de servicios contratados a empresas externas tanto en casinos como en las demás sociedades del Cabildo. “Es muy grave que en la administración pública haya concesionarios que puedan incurrir durante años en irregularidades graves sin que nadie se dé cuenta o reaccione y, más grave aún –remarca–, que tengamos constancia de la vulnerabilidad de los mecanismos de fiscalización y control de las sociedades del Cabildo, y que no se haga nada para corregir semejante fallo”.
