La jornada tendrá lugar el próximo miércoles 23 de mayo de diez a doce de la mañana en el CDTCA.

El ayuntamiento de Adeje a través de las concejalías de Hacienda y Desarrollo Económico que presiden Epifanio Díaz Hernández y Manuel Luis Méndez Martín, respectivamente, han organizado una jornada sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) que, recientemente, entró en vigor y que es de obligado cumplimiento para aquellas empresas que trabajen con las administraciones públicas.

La jornada, de carácter gratuito, se realizará en el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje el próximo miércoles, 23 de mayo de diez de la mañana a doce del mediodía. Para participar en esta iniciativa será necesario apuntarse previamente a través del correo electrónico [email protected] o bien comunicándose por teléfono al 922.756.249 (ext. 7609 / 7555).

La ponencia estará a cargo de Fernando Fariñas, experto en materias jurídicas de la administración pública, Antonio Jesús Trujillo González, interventor accidental del ayuntamiento de Adeje y David García, abogado y asesor jurídico.

Esta norma introduce importantes novedades en la contratación pública que deberán ser tenidas en cuenta en los expedientes que se tramiten a partir de su entrada en vigor, por lo tanto, los contratos menores o que superen los 3.000 euros, deberán cumplir una serie de requisitos específicos que serán detallados en la jornada y que tienen que ver con la relación de facturas, informes, presupuestos, necesidad de dicho contrato, presentación de proyectos, entre otras.

La aplicación de esta ley afecta a los procedimientos de contratación, la publicidad, transparencia, gobernanza y uso de medios electrónicos, criterios de adjudicación y la compra pública de innovación. Con la aplicación de esta nueva norma, España  cumple con una directiva de la Unión Europea y se adapta a la transparencia administrativa.

Objeto de la Ley

Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

También es objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad – precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.