El CEST considera que la propuesta destrozaría la oferta complementaria que demandan los turistas, provocando la pérdida de miles de empleos.
La regulación de actividades náuticas que propone el Gobierno de España pondrá “puertas al mar”, sin resolver las amenazas reales que afectan a las especies.
Los empresarios denuncian que según el borrador de orden ministerial los particulares tendrían que pedir una autorización para navegar, hacer buceo, pesca recreativa o cualquier artefacto flotante cuando sean más de cuatro personas.
La propuesta de orden en la que trabaja el Gobierno de España, en la que se definen las líneas básicas de una nueva regulación de las actividades náutico-recreativas en Canarias, traería consigo, caso de no corregirse, la pérdida de miles de puestos de trabajo en las Islas, el cierre de innumerables empresas y, según se ha denunciado desde el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), dinamitar buena parte de la oferta complementaria que demandan los millones de turistas que eligen nuestro Archipiélago como destino para sus vacaciones.
A juicio de empresarios y profesionales, también los residentes en las Islas se verían gravemente afectados por dicha normativa, que a todos los efectos supondría torpedear tanto las actividades empresariales y sobre todo de muchísimos emprendedores como el derecho de cualquier particular a disfrutar de unas horas o de un día en el mar, según han alertado desde el CEST.
“Aprobar la orden en los términos del borrador es poner puertas al mar o vallar el mar”, ha señalado el presidente del Círculo, Roberto Ucelay, quien recalca que “si nos atenemos a los términos del borrador, que alude de forma difusa a artefactos flotantes, para salir en kayak, hacer surf, paddle surf, piragua o windsurf habría que pedir una autorización a la Administración del Estado si esas actividades son realizadas por más de cuatro personas”. En este orden de cosas, llama la atención que para el resto de actividades, como la pesca recreativa, el fondeo o el buceo también se requeriría de autorización. “Si se quiere cumplir con la normativa en vigor lo que hace falta es incrementar la vigilancia y sancionar a los ilegales. El camino no es impedir las actividades náuticas levantando un muro de regulaciones abusivas que provocarán pérdida de empleo, cierre de empresas, un deterioro de la oferta complementaria que demandan los turistas e impedir a los residentes un uso razonable del mar que nos rodea”, ha recalcado Ucelay.
A juicio del CEST, cabe catalogar de disparatado e inconcebible que cualquier barco de particulares con más de cuatro personas -incluyendo a la tripulación- tenga la consideración de actividad organizada, independientemente de que exista o no ánimo de lucro, de tal forma que -según el citado borrador- cualquier particular que quiera navegar siquiera unas horas, estará obligado a cumplimentar un sinfín de trámites, registros y autorizaciones que, dada la precariedad de recursos humanos de la Administración periférica del Estado, tardarían en gestionarse o en su caso concederse, exponiéndose caso de no cumplir con estos requisitos a ser sancionado.
“Esta exigencia torpedea tanto al sector turístico como a la práctica náutica en general”, ha denunciado Ucelay. Consideran los empresarios que los problemas no se resuelven incrementando el laberinto normativo y burocrático para desincentivar las actividades turísticas legales en el mar, sino mejorando los recursos administrativos y económicos que hacen falta para hacer cumplir las normas ya previstas en la normativa en vigor. “Costas no tiene tanta capacidad para tramitar las autorizaciones que pretende el borrador, con lo que desembocaría en una parálisis completa de las actividades turísticas legales en un destino que aspira a seguir mejorando su competitividad, especialmente ahora”, apunta Ucelay, “que otros mercados empiezan a ser nuevamente atractivos para millones de turistas”.
En este orden de cosas, los empresarios y profesionales defienden que son los principales interesados en proteger y conservar el mar y sus recursos, para lo que proponen una vigilancia intensiva y efectiva con medios existentes en base a la normativa existente, que evite las prácticas irresponsables contrarias a la misma.
Entienden que, en todo caso, las principales amenazas del ZEC no provienen del sector turístico, sino de otros con embarcaciones más grandes como podría ser el transporte de mercancías, de pasajeros o la pesca profesional.
En este sentido, la Orden Ministerial abusa del principio de precaución, demonizando las actividades recreativas mediante la imposición de limitaciones de velocidad sólo aplicables al sector recreativo y turístico, sin que hasta el momento se haya justificado o documentado que una medida tan negativa para el sector náutico sea positiva para la protección de la ZEC, dejando entrever un desconocimiento de la realidad marítima de nuestras Islas. El sector considera que limitar a un máximo de diez nudos la navegación en la franja de 500 metros desde la costa de forma indiscriminada de Teno a Rasca, sin fundamentar una medida tan drástica y perjudicial para empresas, trabajadores y particulares, constituye un error que debe corregirse antes de que dicho documento se apruebe por el Ministerio. Entienden los empresarios que los criterios del borrador no atienden a estudio alguno de la realidad que pretenden regular, además de no haberse estimado el coste ni el impacto social y económico que tendrían.
Empresarios y profesionales alertan además sobre los problemas que genera al sector la corta duración de las autorizaciones y la ausencia de criterios suficientemente definidos, generando una inseguridad jurídica que provocará a corto plazo desinversión y destrucción de puestos de trabajo. “La previsión de que las autorizaciones tengan como máximo un plazo de cuatro años, sin renovación automática, sin criterios claros para su obtención ni posible renovación, y que se añade sin aparente criterio a una normativa ya existente que exige las mismas autorizaciones, sumerge en la incertidumbre a un sector que ha incrementado notablemente la generación de puestos de trabajo en la última década”, recuerda el presidente del CEST. A todo ello añade que “la posibilidad prevista en el borrador de condicionar el mantenimiento de las autorizaciones a concursos públicos” añade aún más incertidumbre, poniendo en riesgo la existencia de empresas de turismo náutico de capital canario consolidadas durante décadas de duro trabajo y que dan empleo a miles de personas.
