Ucelay: “Confiamos en que la sensibilidad del actual Ejecutivo se traduzca en una gestión razonable del litoral”.

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife valora con cautela pero positivamente la posibilidad, confirmada a algunos medios de comunicación peninsulares por fuentes en el Gobierno de España, de que el proyecto de reglamento de Costas sea suspendido por el recién constituido Ejecutivo central. Aunque se considera que debe esperarse a que dicha decisión sea confirmada de forma oficial, desde el CEST animan al Gobierno de España a dar marcha atrás con un proyecto que amenaza con desmantelar y asfixiar a cientos de empresas que desarrollan su actividad situadas total o parcialmente cerca del mar y en la ribera de los ríos de todo el litoral español.

Empresarios y profesionales consideran que, caso de confirmarse dicha decisión, decaería la amenaza que la hasta ahora anunciada reforma del reglamento de Ley de Costas supone para cientos de miles de empleos vinculados sectores como la industria agroalimentaria, la hostelería y el turismo. En este orden de cosas, desde el CEST se reitera la preocupación, expresada desde hace meses y trasladada a las autoridades autonómicas, insulares y locales, respecto a una pretendida reforma que entre otras consecuencias conllevaría una modificación de la duración de las concesiones a las empresas.

La posible suspensión de la tramitación de la reforma del reglamento de Ley de Costas implicaría, entre otros efectos, que decaiga la pretensión de cambiar los plazos de las concesiones ya otorgadas, sus renovaciones autorizadas, renovaciones curso y  renovaciones futuras. En ese sentido, el presidente del CEST, Roberto Ucelay, considera que el Gobierno de España debe efectivamente renunciar a la reforma en los términos que ésta fue planteada. “Es una buena noticia, si finalmente se confirma, para todas las concesiones en dominio público marítimo terrestre, tanto en España como en Canarias y en particular en Tenerife. Confiamos en que la sensibilidad del actual Gobierno de España se traduzca en una gestión razonable del litoral”, ha señalado Ucelay.

Desde el Círculo de Empresarios y Profesionales se recuerda que desde la práctica totalidad de asociaciones consultadas por el Ministerio se ha denunciado que la reforma, en los términos en que se redactó, generaría infinidad de problemas a las empresas del sector y, en consecuencia, a los  cientos de miles de puestos de trabajo que dependen de dichas concesiones dado que la ley y el reglamento es de igual aplicación para todo el territorio nacional. Según el presidente del CEST “sería una buena noticia para los titulares de las concesiones en Canarias donde mayormente destinan su uso al sector servicios en turismo intensivo en mano de obra y para el público en general, dado que se desconocen las inversiones previstas del Ministerio para mejorar las zonas de baño de nuestra provincia”.

“Las inversiones de la iniciativa privada son fundamentales para complementar las inversiones de las Administraciones Públicas y mejorar los paseos marítimos, las zonas de baño y las playas, que son para uso y disfrute gratuito tanto de residentes como de turistas, además de constituir una infraestructura clave de nuestra oferta turística como destino de sol y playa”, ha recalcado Roberto Ucelay. En este mismo orden de cosas, el presidente del CEST ha afirmado que  “se había generado un ambiente de inseguridad jurídica que puede suponer la paralización de inversiones, la suspensión de la formación del personal afecto a las actividades y las contrataciones previstas, de tal forma que la retirada del proyecto acabaría con incertidumbres que siempre acarrean desinversión”.