Un total de 154 acreditados profesionales piden la paralización definitiva de las obras de Cuna del alma, la urbanización de lujo que se edifica en el entorno del Puertito de Armeñime, en Adeje desde mayo pasado.
Con este fin, registraron recientemente ante el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje un documento en el que piden a los presidentes canario e insular y al alcalde del municipio del sur de Tenerife la restauración del espacio afectado por las obras y la revisión del PGOU municipal de forma que se permita la conservación de un espacio con altos valores medioambientales y patrimoniales.
En los argumentos que sostienen esta petición, el documento recuerda que los informes técnicos relativos a los valores patrimoniales de la zona que justificaron las autorizaciones pertinentes omitieron información decisiva relativa al patrimonio cultural y natural (yacimiento arqueológico y especie de protección especial – Echium triste Svent. subsp. nivariense (Svent.) Bramwell-, hallazgos encontrados con posterioridad por expertos independientes. Por ello, consideran que las autorizaciones deben reconsiderarse y deben realizarse nuevos estudios oficiales, con más garantías que los anteriores.
Además, subrayan que el espacio que ocupa este proyecto turístico es “uno de los últimos reductos costeros tradicionales del suroeste de Tenerife, tiene un alto valor paisajístico y además su realización afectaría negativamente a los espacios naturales protegidos contiguos; el Sitio de Interés Científico de La Caleta y la ZEC Franja Marítima Teno-Rasca”.
La petición está está firmada exclusivamente por personas cualificadas en alguno de los ámbitos vinculados al proyecto, un perfil que pretende responder los argumentos de las administraciones para seguir adelante con este proyecto.
Entre los perfiles quienes firman la petición destacan profesionales de la Biología (19%), Historia, Geografía y Arqueología (12%), Turismo (11%), Economía (10%), Educación Ambiental (9%), Antropología (8%) y Derecho (5%).
Así, entre las personas firmantes se encuentran investigadores y docentes universitarios como los catedráticos de la Universidad de La Laguna Federico Aguilera Klink (Economía Aplicada, Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente 2004, jubilado); Alberto Galván Tudela (honorario de Antropología Social); José María Fernández-Palacios (Ecología); Elena Sánchez Jordán (Derecho Civil); Juan Sánchez García (Economía, jubilado) y Serafín Corral Quintana (Economía Aplicada).
A ellos se suman, los doctores y profesores de la ULL en Arqueología: Cristo M. Hernández Gómez; Economía: Rosa María Lorenzo Alegría, Cándido Román Cervantes; Francisco Javier Amador Morera, Yeray Hernández González; Geografía: Irène Dupuis, Luis Manuel Jerez Darias, Mercedes Arranz Lozano, Víctor Onésimo Martín Martín; Biología: Victoria Eugenia Martin Osorio: Antropología –con especialización en Patrimonio y Turismo– Ramón Hernández Armas. Antropólogo especializado en patrimonio y turismo. De la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la doctora y profesora de Geografía Mercedes de los Ángeles Rodríguez Rodríguez.
Destacan también la participación del ornitólogo y naturalista Rubén Barone, miembro del Grupo Investigación Interuniversitario de Ecología y Biogeografía Insular de la universidad tinerfeña; el arquitecto exdirector del Parque Rural de Teno, jubilado, Abel Herrera García, el doctor en Biología jubilado José García Casanova, el abogado Pedro Fernández Arcila, el experto en turismo sostenible Jonay Izquierdo Trujillo y el. geógrafo por la ULL y profesor de instituto Juan Diego Amador Rivero.
Esta iniciativa nació el 20 de octubre pasado con el propósito de presentar esta solicitud en el plazo de un mes, con la convicción de que es posible y deseable contribuir a un verdadero desarrollo sostenible de Tenerife con proyectos que no supongan un deterioro del patrimonio insular y para apoyar iniciativas en favor de la diversificación real de la economía tinerfeña y canaria y de la independencia del exterior de forma que se evite el incremento de una planta alojativa turística ya desproporcionada con relación a la superficie y población de la Isla y sus recursos naturales.
Todo ello, acompañado de una reflexión sobre que la necesaria seguridad jurídica no se consigue cuando se cometen los graves errores ocurridos en el proceso de autorización de este proyecto y sí se alcanza con el riguroso cumplimiento de los procedimientos legales, sin pasar por alto esos errores.
La recogida de firmas se basa en los principios de derecho ambiental de prevención y precaución, que hacen indispensable paralizar inmediatamente de forma cautelar la totalidad de las obras de este proyecto, hasta tomar la determinación definitiva de impedirlas para conservar adecuadamente los valores patrimoniales del lugar.
Además, las firmantes subrayan que estas decisiones deben tomarse con los procedimientos legales pertinentes, guiados por el hecho de que la ley establece que la administración local, insular y autonómica, cada una en sus competencias, son las únicas responsables de esta grave situación, y las únicas que pueden subsanarla.
