Ante las recientes manifestaciones expuestas en los Medios de Comunicación, donde se acusa a Eulen Servicios Sociosanitario S.A de mantener unas condiciones laborales de explotación con el personal del Servicio a Domicilio municipal, desde la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato mayoritario, queremos exponer lo siguiente:
El sueldo medio de las trabajadoras de la concesión administrativa es superior a 950 euros en el caso de jornada completa, las mejoras conseguidas en estos últimos años han sido: lograr la contratación indefinida para toda la plantilla (176), subida del IPC, tal como establece el Convenio Marco Estatal y que el tiempo de traslado entre un usuario y otro sea considerado como tiempo efectivo de trabajo, entre otras mejoras aceptadas entre la parte empresarial y la social en el Comité de Empresa.
Hemos de recordar que UGT lideró las movilizaciones y los acuerdos entre la antigua concesionaria ‘Mararía’ y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, algo que conllevó la subrogación de las trabajadoras que prestaban el servicio a Eulen Servicios Sociosanitarios S.A., en el año 2014. Es por ello que “no entendemos a que se refieren, cuando las personas que realizan dichas acusaciones hablan de explotación” dice el secretario general de FeSP- UGT Canarias, Francisco Bautista Yanes.
“Explotación sería no tener contrato, no tener sueldo o no conseguir, ni tan siquiera, ser escuchadas nuestras reivindicaciones” continúa, “sin embargo hay trabajo y condiciones laborales decentes, cobrando lo que exactamente marca el Convenio Marco Estatal de Servicio a Domicilio”, sentencia Bautista.
El secretario general de FeSP-UGT Canarias considera que “no se puede admitir que un conflicto de cuatro trabajadoras que han denunciado a la Empresa y que no están de acuerdo con las retribuciones, al considerarlas que no son adecuadas, condicionen al resto. Por supuesto estas trabajadoras tienen todo el derecho a denunciar por la vía judicial, pero no es menos cierto que un total de 176 están realizando con dignidad y profesionalidad, atendiendo a los ciudadanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con toda libertad y sin coacciones. si UGT hubiera tenido constancia de que se hubiera dado algún hecho denunciable, hubiera puesto las denuncias pertinentes a las Autoridades Laborales, como se ha hecho en otras ocasiones”.
“Si algún político, de los cuales decían que no había acuerdo entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con las antiguas trabajadoras de ‘Mararía’, con las que hoy es concesionario del servicio, no pudo en su momento hacerse la foto con las trabajadoras y el Ayuntamiento cuando se negoció y se firmó para que todas fueran contratadas, no es motivo para que se salga mintiendo en los medios”, asegura Bautista, que sentencia que “se dediquen para lo cual fueron votados y no levanten calumnias sin ni siquiera haber llamado a los representantes legales de los trabajadores, en vez de a un sindicato que ni siquiera tiene representación en el Comité de Empresa”.