Ningún responsable de área del Cabildo Insular se ha pronunciado al respecto.
En septiembre, el servicio de apoyo a la vigilancia en este espacio de dominio público será subcontratado y lo realizará una empresa de seguridad privada mediante guardas rurales con quienes pretenden sustituir a su actual personal.
Según información no oficial que se va filtrando, una parte de estos trabajadores serán despedidos y otra reubicados en otros espacios de la isla aunque sólo por seis meses más.
La dirección de la empresa no está facilitando la necesaria y legalmente obligatoria información a los representantes de los trabajadores, tratando de impedir que estos puedan conocer el alcance y la realidad de las amenazas, quizás porque TRAGSA pretende actuar al margen de la legalidad como en los años anteriores y quiere evitar a toda costa que sus pretensiones sean descubiertas.
CC.OO. ha estado estudiando las posibles acciones a tomar por la deriva que está llevando la empresa TRAGSA en la gestión que tiene encomendada en el Parque Nacional del Teide.
Ya en septiembre del pasado año, el caso fue objeto de una pregunta parlamentaria por parte del grupo Podemos, en la que se ponía de manifiesto que TRAGSA realizaba intrusismo en la actividad de las empresas de seguridad privada, defraudaba a la Seguridad Social, engañaba a los Visitantes, y vulneraba los derechos de sus trabajadores.
En un primer momento, la Guardia Civil calificó el asunto en las redes sociales como “preocupantemente turbio”, más tarde tras dos denuncias de organizaciones sindicales, emitió sendos y respectivos informes en los que ponía de manifiesto que TRAGSA estaba realizando una actividad para la que no estaba autorizada.
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Como consecuencia de lo anterior, TRAGSA les ha quitado el uniforme de guarda rural a sus trabajadores, ya que no estaban contratados como tales, sino como Vigilantes, para el apoyo a la vigilancia del Parque Nacional del Teide.
Desde entonces TRAGSA ha emprendido una campaña de acoso contra estos Vigilantes, amenazándoles con que en septiembre tendrán que dejar el puesto de trabajo. Un grupo de 15 buenos profesionales, muchos con más de 20 años de experiencia acumulada, formación, y pleno conocimiento del medio en que trabajan y que ahora están siendo expuestos a la inseguridad en su trabajo.
CCOO mantiene que se podría cometer una nueva ilegalidad puesto que los servicios a desarrollar por los guardas rurales no deberían ser prestados en terrenos de dominio público, en sus vías de comunicación o en cualquier otro lugar incluido en el ámbito de la esfera pública. No existen precedentes y por tanto Cabildo y Tragsa deben dar marcha atrás en sus pretensiones, iniciar un profundo estudio y análisis de la situación y garantizar los puestos de trabajo ya existentes.
