Fundación Amaranta, Oblatas-La Casita, Médicos del Mundo, Fundación Cruz Blanca, Cáritas Diocesana de Tenerife y Justicia y Paz Tenerife recuerdan que las Islas son lugar de tránsito y destino de víctimas de trata, así como el lucrativo negocio que existe en torno a estas personas.
Este domingo 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, instaurado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013. Por ello, seis entidades sociales de Tenerife (Fundación Amaranta, Oblatas-La Casita, Médicos del Mundo, Fundación Cruz Blanca, Cáritas Diocesana de Tenerife y Justicia y Paz Tenerife) se han unido para denunciar que la trata de seres humanos es, ante todo, una “vulneración de derechos y un atentado contra la dignidad de las personas”. En esta línea, las organizaciones dejan claro que hay redes y mafias que se sirven de la vulnerabilidad de estas víctimas “buscando única y exclusivamente el beneficio económico, lo que supone un delito sumamente lucrativo, que usa a las personas como instrumento de enriquecimiento. Y la dignidad de las personas no es únicamente un patrimonio individual, sino también es un valor colectivo fundamental que deberíamos recordar y defender ante situaciones como esta”.
Canarias, en general, y Tenerife, en particular, no son ajenas a esta problemática. “Desde la experiencia, el estudio y el análisis de este fenómeno podemos afirmar que las Islas son lugar de tránsito y destino. También han existido y existen en nuestro Archipiélago víctimas para diferentes finalidades de la trata: explotación sexual, laboral, mendicidad, etc. La mayoría de víctimas son mujeres y niñas, víctimas menores de edad y mujeres cada vez más jóvenes. Sin olvidarnos de la variabilidad de las situaciones que nos podemos encontrar y la transformación constante que sufre la trata, que depende de múltiples factores”, recalcan las seis entidades humanitarias, quienes insisten en que “estamos ante una realidad compleja y difícil de abordar, en la que la detección y/o identificación de las víctimas es el primer paso para su protección y reparación”.
Para ello, dejan claro que “es necesario crear una conciencia social que entienda que no podemos ni debemos mirar para otro lado, que no sea una realidad invisible”. “Porque, a día de hoy, cerca de nosotros hay seres humanos en situación de esclavitud y de explotación, y sin derechos humanos no hay paz”. En este sentido, las seis entidades firmantes de esta declaración conjunta exigen “una Ley Integral contra la Trata de Personas que permita combatir este delito y proteger a las víctimas con mucha más eficacia, reforzando los criterios, la coordinación y la homogeneidad en la actuación en todo el estado y otorgando a las autonomías competencias para la atención integral de las víctimas”. De igual modo, piden “la implicación a nivel autonómico y provincial de todos los agentes con competencias en la materia para establecer o adecuar al territorio el Protocolo Marco, así como dotar a las entidades especializadas de mayores recursos que permitan una adecuada atención y acompañamiento a las víctimas, haciendo efectivos los derechos que la ley les otorga. Además, demandan a los medios “informar y sensibilizar sobre esta realidad, haciendo entender la importancia de la implicación y responsabilidad de toda la ciudadanía en la lucha contra la trata, sobre todo en relación con la demanda de servicios que alimentan este sistema”. “La defensa de los derechos es un deber compartido, tal como queda reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, concluyen.
