El abogado José Luis Langa González se reúne con los representantes de los afectados tras las declaraciones del concejal Ángel Montañés anunciando “mano dura”

Los comerciantes de Puerto de la Cruz se muestran indignados por la arbitrariedad con la que el Ayuntamiento está actuando frente a la existencia de expositores en sus negocios, y por su inacción ante la venta ambulante.

El abogado José Luis Langa González, acompañado de las letradas Daniela Santamaría y María Cristina González, se reunió el martes, 4 de abril, con los representantes de los empresarios afectados (Francisco Miguel Báez García y Rubens Pérez Álvarez) tras las declaraciones públicas del concejal de Servicios Generales, Obras e Industria del Puerto de la Cruz, Ángel Montañés, en las que anunciaba “mano dura contra los empresarios que tuvieran instalados expositores incumpliendo la normativa vigente”.

Los empresarios manifestaron su más absoluto rechazo e indignación por tales declaraciones, porque entienden que es una maniobra más del Ayuntamiento “con un claro afán recaudatorio y como reacción visceral a los escritos presentados días pasados”, en los que se expone la situación actual de los comerciantes con el tema de los expositores y la venta ambulante.

Los empresarios aseguran que aunque en su mayoría han solicitado las licencias, conforme a los requisitos exigidos en la normativa local, los empresarios no pueden instalar los expositores hasta no obtener una contestación del Ayuntamiento autorizando tal instalación.

Asimismo, mostraron su descontento, pues el concejal no ha hecho alusión alguna a la venta ambulante, regulada a través de una ordenanza municipal que no se cumple, y  sostienen que “no tienen medios para exigir el cumplimiento de la normativa de la venta ambulante, pero sí para sancionarnos a nosotros”.

Lejos de enquistar el problema, Langa González apela una vez más al diálogo entre las partes, con el fin de encontrar una solución  que sea favorable a todos y no suponga un ataque indiscriminado a los comerciantes, que son base importante del tejido social y económico de esta ciudad.

Los empresarios afectados aseguran que  la Policía Local está exigiendo que se retiren todos los expositores, “ya que en caso contrario, impondrán las multas anunciadas por el concejal; todo ello, sin entrar a valorar las singularidades propias de cada negocio”, indica el letrado.

Según Langa, “el Ayuntamiento debe contestar a las solicitudes presentadas al objeto de regularizar la situación, antes de hacer declaraciones y adoptar actitudes que considera alejadas del diálogo y consenso”. Y nuevamente invita al alcalde a que convoque una reunión para llegar a una solución.